Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a una menor de edad con parálisis cerebral severa y en condiciones de pobreza que fue víctima de abuso sexual en Chiapas, después de que el Dr. Manuel Velasco Suárez, del Hospital General de Tapachula rechazará practicar la interrupción del embarazo. 

Desde septiembre de 2015 a marzo de 2019, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha acompañado tres casos de mujeres con discapacidad intelectual, que tras ser víctimas de abuso sexual, sufrieron un embarazo. La autoridad del país negó la interrupción del embarazo en dos de los casos, uno respondiendo 26 días después de presentar su solicitud de aborto por la violación. 

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Foto: Pexels 

Las personas con discapacidad son un sector vulnerable de la población, y las mujeres sufren el riesgo de vivir distintos tipos de violencia, como abuso sexual o esterilización forzada, señaló GIRE. Este tipo de violencias se pueden presentar por parte de instituciones o sus propias familias, y se ha demostrado que a esta población se les niega su capacidad jurídica y tienen menos acceso a la justicia. 

En enero de este año, una mujer indígena con discapacidad intelectual fue violada en su comunidad, sin embargo, el juez dijo: “No se trata de una persona normal que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Se dejo copular y eso no es violación”. El agresor fue denunciado, pero la víctima sufrió dos embarazos por él. 

La NOM 005-SSA-1994 de los servicios de planificación familiar, recomienda que las mujeres con “retraso mental” (término discriminatorio) se realicen una ligadura de trompas, para así, no reproducirse. Sin embargo, se ha demostrado que el 91 por ciento de las instituciones de salud no se encuentran capacitadas para brindar información de métodos anticonceptivos hacia las mujeres con discapacidad. Y GIRE, ha insistido en reformar la ley para eliminar estas ideas discriminatorias y respetar los derechos humanos de todas las personas. 

Para tener justicia reproductiva es vital que cada mujer pueda determinar su destino reproductivo y para ello es indispensable el conocimiento de los derechos garantizando la igualdad y no discriminación, señaló GIRE. Las mujeres con discapacidad sí pueden autodeterminar su destino reproductivo con la orientación de un experto y en óptimas condiciones. No obstante, mientras el Estado carezca de políticas públicas que no vulneren a este sector, la violación de derechos humanos se seguirán perpetuando. 

Con información de GIRE 

asl