México continúa con las violaciones a los derechos humanos, no se  protege a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual, niega el  acceso al aborto y  esta práctica se encuentra sujeta a severas restricciones en el  país  a pesar de que  la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, reporto la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2021.

El informe critica acremente a la administración de la 4T por una fallida y equivocada política sanitaria ante el COVID19, lo que al drama real, se agrega una letalidad que podría haberse contenido, pero México no atendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Continúan  las violaciones de derechos humanos

El informe sostiene que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia de México en diciembre de 2018, continúan  las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y quienes defienden los derechos humanos,

Sostiene que:  “La impunidad sigue siendo la norma. La aplicación de las reformas aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”, refirió y señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, está en manos de una persona adherida a su gobierno, lo que la hace ineficaz.

De acuerdo con HRW, el presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito de las actividades de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos.

Así también, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha aumentado la transparencia gubernamental sobre la cantidad de personas “desaparecidas”, pero los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones forzadas o identificar a los responsables sigue siendo muy limitados.

“En noviembre de 2019, el Senado nombró a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Muchas personas  defensoras de derechos humanos denunciaron su designación como inconstitucional, alegando que Piedra Ibarra, una exdirigente del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para ser autónoma y apolítica”.

El reporte apuntó que en septiembre de 2020, el presidente López Obrador le pidió al Congreso que aprobara la convocatoria a un referéndum para decidir sobre la posibilidad de enjuiciar a todos los expresidentes desde 1988 —cinco en total— por “delitos” que incluyen fraude electoral, corrupción y pérdida de vidas por efecto del neoliberalismo.

Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado apoyo ni protección adecuada a  aproximadamente 66 mil solicitantes de asilo en EE. UU. Que han sido asignados al programa de “Quédate en México” (Remain in México), incluyendo a aquellos con alto riesgo de marginación, como personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, personas mayores y niños y niñas. Muchas se han refugiado en campamentos improvisados o albergues atestados a lo largo de la frontera entre México y EE. UU.

El documento de la organización defensora de los derechos humanos se clasifica en los siguientes apartados:

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, apenas 1,3 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos. En enero, el Ministerio Público propuso reformas extremadamente regresivas al sistema de justicia que habrían facilitado que los fiscales usen pruebas conseguidas mediante torturas, eliminado el control judicial de la detención preventiva y ampliado el uso del arraigo, una práctica que permite a agentes del Ministerio Público solicitar autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos, mientras avanzan con la investigación.

ABUSOS MILITARES

México ha utilizado activamente a las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente 3 mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.

El Presidente López Obrador ha intensificado el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus actividades y reemplazando a autoridades civiles.

En julio de 2020, 12 civiles murieron en un enfrentamiento armado con soldados en el estado de Tamaulipas. En un video que se filtró a la prensa en agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos estaban siendo investigados solamente por la policía militar, y no por agentes del Ministerio Público de la justicia penal ordinaria.

TORTURA

Es habitual que en México se torture a las personas detenidas para obtener información y confesiones. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este periodo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.

En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que apenas 8 de 3 mil 214 denuncias de torturas realizadas en 2016 dieron lugar a un proceso penal. El Comité expresó su preocupación ante reportes de que la justicia casi nunca investiga señalamientos de tortura.

DESAPARICIONES

Desde 2006, las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un problema generalizado. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. El gobierno reportó más de 75 mil personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría del año 2006 en adelante.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías y la impunidad en estos casos. Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que dejó de registrar la cantidad de civiles muertos a manos de militares en 2014, diversas organizaciones de sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indican que esa información sí existe.

En 2020, se produjeron protestas en respuesta a incidentes ampliamente difundidos en medios de civiles que murieron bajo custodia policial.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos —especialmente  aquellas que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.

Existe evidencia de que se está empleando vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de maneras que podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS

En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación ante la persistencia de patrones de violencia “generalizada” contra mujeres, incluyendo violencia sexual. El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual. Algunas disposiciones, incluyendo aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.

Cualquier persona puede solicitar acceso al aborto hasta las doce semanas de embarazo en la ciudad de México y, desde octubre de 2019, en el estado de Oaxaca. Esta práctica se encuentra sujeta a severas restricciones en otras partes del país. En 2019, la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se haya cometido un delito para practicar un aborto.

Las mujeres y niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2019, el gobierno reportó más de mil feminicidios —la privación de la vida de una mujer debido a su género—; aproximadamente una cuarta parte de todos los casos de homicidios de mujeres. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no todos los casos de feminicidio sean reportados.

MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO

Carteles delictivos, delincuentes comunes, y en ocasiones policías y funcionarios de migración, actúan regularmente en contra de personas que migran a través de México, con el fin de robar, secuestrar, extorsionar, violar o matar. Los carteles delictivos suelen hacerlo “bajo la tolerancia o con la participación de ciertas autoridades”, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados. En 2019, la CNDH recibió 606 denuncias de abusos contra migrantes y el Ministerio Público inició 72 investigaciones de delitos contra ellos.

Entre enero de 2019 y marzo de 2020, el gobierno del Presidente de EE. UU. Donald Trump —con la colaboración del gobierno de López Obrador— envió cerca de 66 mil personas no mexicanas que estaban solicitando asilo en EE. UU. A esperar los resultados de sus solicitudes en México, en el marco del programa de “Quédate en México” (Remain in México). Hasta noviembre de 2020, muchos de los solicitantes incluidos en el programa seguían esperando una resolución, obligados a vivir en condiciones precarias, insalubres y peligrosas con asistencia insuficiente del gobierno mexicano.

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 20 de los 32 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2019, la Suprema Corte determinó que una pareja del mismo sexo en Aguascalientes debía recibir autorización para registrar a su hijo, para proteger el interés superior del niño y reivindicar los principios de igualdad y no discriminación.

Doce estados permiten que las personas transgénero cambien sus nombres e identificadores de género en sus certificados de nacimiento mediante un simple trámite administrativo ante el registro civil del estado.

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante el gobierno de López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, acceso a remedios efectivos, capacidad jurídica y consentimiento informado en decisiones de salud; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.

En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias para recibir asistencia o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Las personas con discapacidades reciben escasa protección o asistencia del gobierno y se encuentran expuestas a mayor riesgo de abuso y desatención de sus familiares.

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