Nadine Gasman, titular del Instituto de las Mujeres, aseguró a diputadas federales que integran la comisión de Equidad y Género, que comenzaron a negociar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aumentar el presupuesto federal 2021 en el anexo 13 que previene y sanciona la violencia contra la mujer.
Sin embargo, las legisladoras consideraron que el problema no es sólo garantizar que se les asignen mayores recursos, sino que estos se respeten y no sean recortados en el transcurso del 2021 como sucedió este año con el Inmujeres.
Durante el inicio de las mesas interinstitucionales rumbo al presupuesto 2021, la diputada panista Verónica Sobrado afirmó que tras revisar el presupuesto que envió el presidente López Obrador al Congreso, encontró que el anexo 13 tuvo una mayor asignación al incrementarse de 103.5 mil mdp a 128 mil mdp.
Y enlistó que, así como 38 programas presupuestarios tuvieron incrementos, otros registraron decrementos. “En Gobernación bajó 10% el programa para promover la no violencia, bajó 2% la atención a la salud materno sexual reproductiva, bajó 14.5% el Consejo para Prevenir la Discriminación, 3.5% el programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), entre otros”.
Gasman explicó a las legisladoras que no todo el presupuesto de la mujer se encuentra concentrado en el anexo 13. “Hay recursos en otros programas como Mujeres Constructoras de la Paz que tiene un presupuesto de 121.3 millones de pesos y que está dentro del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Además del Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de seguridad pública, aunado a eso están los presupuestos de las fiscalías estatales”. Y recalcó que, pese a la pandemia, sí había pequeños incrementos.
Por su parte la representante de la Secretaría del Bienestar de Indesol (instituto nacional para el Desarrollo Social), aseguró que a la fecha los refugios que tiene registrados ya recibieron la segunda ministración de sus recursos.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en su participación que la política nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, enfrentaba dos problemas: uno, encontrarse en transición tras varias modificaciones legales; y dos, la pandemia. “Es inadmisible constatar que tantas víctimas de feminicidios habían acudido a múltiples instancias a pedir ayuda y no tuvieron la respuesta adecuada… El reto de la sanción y el acceso a la justicia, que constituyen una deuda histórica sí con las mujeres de México, pero también con el resto de la población”.
(MJP)