El pasado 18 de enero se dio a conocer a través de redes sociales, una red de tráfico de vídeos, fotografías y conversaciones con contenido sexual a través de la aplicación Telegram, que involucra al menos a tres universidades de Yucatán.

Ante esta situación, estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayad compartieron que la red tiene registrados al menos 1,280 miembros que han  recibido y enviado contenido íntimo de alumnas. Además, denuncian que se han exhibido datos personales de mujeres sin su consentimiento. 

Usuarias de internet han externado su respaldo y apoyo a las denuncias de ciberacoso. Sin embargo, el perfil de Instagram donde se ha denunciado esta situación de ciberacoso, fue eliminada tras ser denunciada por los posibles miembros de la red. 

Lee: ¿Qué son los tipos de violencia de género y cómo identificarlos?

A pesar de los intentos de censura, otras colectivas universitarias se han sumado a la difusión de las denuncias a través de sus redes sociales. Una usuaria de internet reportó que los participantes de dicho grupo, al enterarse de las acciones que tomarían para encontrar a los responsables, formarían otro grupo de respaldo. 

Lee: Ciberviolencia contra mujeres y niñas durante pandemia, un peligro más

  

Las universidades involucradas han publicado sus respectivos comunicados respecto al tratamiento que se le dará a la situación. La Universidad Marista Mérida solicitó a las mujeres que hayan sido víctimas de acoso cibernético o violencia digital se acerquen a la institución para dar apoyo y seguimiento a sus casos. 

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Yucatán se pronunció para que se esclarezcan los hechos denunciados que habrían atentado contra la intimidad de jóvenes universitarias y, llegado el momento, que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. 

La Universidad Anáhuac Mayab se posicionó en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres y de cualquier acto que vulnero los derechos humanos de la comunidad universitaria. Anunció que se ha iniciado una investigación dentro de la universidad por parte de una comisión especialmente creada para el caso. 

Además, se informó que la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio, con el número de expediente G8 258/2022; como parte de los protocolos que se establecen ante la presunción de un delito cibernético, en coordinación con la Policía Cibernética de la propia dependencia.

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres ha mantenido comunicación con las autoridades de dichas instituciones educativas involucradas.

Según un comunicado del Gobierno del Estado, las universidades canalizarán a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia digital a la Semujeres para que el equipo interdisciplinario de la dependencia brinde de manera gratuita atención psicológica y jurídica a cada una de ellas y acompañamiento para interponer las denuncias correspondientes.