Una de las tareas pendientes para garantizar un aborto seguro a las mujeres es que el ISSSTE o el IMSS ofrezcan el servicio de interrupción del embarazo, pues se garantizaría que más mujeres accedan a estos servicios básicos de salud, señaló la experta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz Alonzo.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizó el diálogo “La despenalización del aborto en México. Avances y retos”, en el que feministas, defensoras de derechos humanos, funcionarias, legisladoras y expertas celebraron las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acordaron seguir trabajando juntas para lograr la despenalización del aborto y garantizar la prestación de servicios seguros y gratuitos en todo el país.
Leticia Bonifaz Alonzo comentó que sigue impulsar la despenalización del aborto estado por estado a través de sus congresos.
Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, reconoció que las resoluciones de la SCJN y las ponencias de los Ministros y Ministras, pusieron en evidencia la demanda sentida y creciente de que tanto el gobierno y sus órganos de justicia, así como la sociedad, la opinión pública, aborden el tema del aborto como un tema de derechos humanos, salud pública y justicia social que contribuye a combatir las desigualdades y al desarrollo y bienestar de las mujeres más desprotegidas.
LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE FUERON UN GRAN AVANCE
En el diálogo se dijo que muchas mujeres han sido encarceladas y condenadas, debido a abortos espontáneos que han sido clasificados como “homicidios en razón de parentesco” y se ha castigado a mujeres que no tuvieron ningún control sobre esos abortos. Por ello, las ponentes coincidieron en que las resoluciones de la SCJN son un gran avance para que ninguna mujer sea sentenciada por haber abortado al obligar a jueces y juezas a actuar en concordancia con estas resoluciones.
“La criminalización nunca será la solución, sino reivindicar los derechos de las mujeres”, recalcó la senadora Martha Lucía Micher Camarena, e informó que, en concordancia con lo establecido por la SCJN, desde el Senado se impulsan reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal en materia de objeción de conciencia. Asimismo, la senadora Patricia Mercado Castro enfatizó “nosotras seguimos legislando y luchando para que pronto la despenalización sea una realidad en todos los estados del país”.
En su turno, la diputada federal, Julieta Vences, mencionó “nunca más una mujer gestante debe ser juzgada, discriminada y criminalizada por interrumpir su embarazo. No queremos más niñas y mujeres muertas por abortar. Aquí suscribo que la educación sexual es para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir”.