La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió a los refugios rendición de cuentas y transparencia en la conferencia mensual sobre violencia de género, esto después de varios meses, desde el 2019 en que se intentó quitarles el presupuesto y entregar el recurso directamente a las víctimas, meses que los refugios han tenido que luchar por mantener un presupuesto sin dejar de atender, proceso que se ha extendido. 

En este año no se liberaban los presupuestos para los refugios a inicios de la pandemia, hasta que feministas y diputadas lo exigieron. Al respecto, Sánchez Cordero dijo: “yo misma luche para que no se les quitarán los recursos, pero esta es una calle de doble sentido, la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos que se les dan a los refugios tiene que ser así”.

En entrevista para La Cadera de Eva, la diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señala: “Si de transparencia hablamos, los recursos del anexo 13 son los más fiscalizados, se piden cuentas por cada peso, y son mucho más eficientes y efectivos que otros recursos”.

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En publicaciones anteriores, Tagle había señalado que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres y a la atención de la violencia de género, contemplados en el Anexo 13 del paquete económico, están etiquetados, no debieron haberse reduciendo, apuntando al recorte del 75% del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Desde la convocatoria para acceder a los recursos para los refugios, se exigen muchos requisitos, se limitan los rubros en los que se pueden usar y eso hace que incluso muchas de las necesidades de los refugios no sean atendidas desde los recursos públicos”, aclara Tagle. 

Respecto a la exigencia de Segob, la defensora y activista Patricia Olamendi señala: "Por supuesto que coincidimos en la rendición de cuentas y transparencia de todos los recursos del Estado como y a quienes son entregados y por supuesto debemos tener acceso a esa información, pero lamentamos que la Secretaría de Gobernación no conozca los procedimientos tan estrictos que se llevan a cabo para el otorgamiento de recursos a las organizaciones de la sociedad civil como es el caso de quienes operan los refugios y los centros de atención externa".

Olamendi aclara que todos los recursos del Estado tienen que ser auditados, por lo tanto los refugios ya lo son,  y deben entregar informes constantemente de las atenciones que otorgan y de los gastos que tienen. Además, reciben continuamente visitas de supervisión.

Refugios deben buscar más recursos 

“Han sido las redes de refugios quienes han propuesto los modelos de atención, justamente para homologar la atención y los servicios, y evitar que se financie a organizaciones que no cubren estándares mínimos”, comenta Tagle.

En cuanto al número de refugios y direcciones comenta la diputada que el monto total con el número de refugios resulta ser una inversión mínima por parte del Estado mexicano. La necesidad de que no se puedan dar a conocer las ubicaciones, ni se conozca la identidad de las usuarias es un tema de seguridad, las mujeres que llegan a los refugios es porque esta en riesgo su vida. 

En un texto escrito por la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, señala que estos datos los tiene tanto Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y la Secretaría de Salud, no son públicos por seguridad de las víctimas.

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“Es muy lamentable que se pongan en duda, cuando los refugios están realizando una tarea fundamental en la atención de la violencia en la que el Estado mexicano sigue siendo omiso y negligente”, señala Tagle.

Olamendi coincide que por cuestiones de seguridad no pueden aparecer las direcciones al público sólo lo hace los centros de atención externa que son los que dan la cara al público.

lLamento las declaraciones de la secretaria y le pido a las áreas responsables que le informen el estado que guardan los recursos asignados y como se están utilizando, y también le solicitamos a las instancias de Inmujeres,  Conavim e Indesol que informen la asignación de recursos y que lo ejerzan conforme a lo establecido en el Presupuesto de la Federación, ya que como también debe  contar con refugios y espacios de atención, lo que es una aplicación del Estado mexicano establecida en la convención para prevenir erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y en La ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".