La división de poderes es un elemento fundamental para el Estado mexicano consagrado en el artículo 49 de la Constitución con el fin de evitar el abuso del poder y defender los derechos humanos.
Según Montesquieu "es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites” por ello propuso una división del poder del Estado basada en tres órganos: el Legislativo que expresa la voluntad del pueblo a través de las leyes; el Ejecutivo responsable de dar cumplimiento a esa voluntad; y el Judicial encargado de juzgar los delitos.
El grupo parlamentario de MORENA en el Senado, propone aumentar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creando una Sala encargada de atender el combate de la corrupción y modificar el Consejo de la Judicatura Federal para “adelgazarlo” con el argumento de que "se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso".
Detrás de la propuesta de los legisladores del grupo mayoritario no hay austeridad. Su propuesta es onerosa pues incluye no sólo los salarios de los ministros y del personal requerido para el funcionamiento de la nueva sala, sino que resultaría también en un incremento estimado de 45% del costo operativo.
La propuesta de MORENA tampoco busca incorporar una función faltante al Máximo Tribunal ya que éste no tiene como objetivo el perseguir la corrupción como primera instancia, sino el defender el orden establecido por la Constitución y mantener el equilibrio de Poderes. Lo que se requiere es garantizar el funcionamiento óptimo del Sistema Nacional Anticorrupción con la eficiencia y autonomía que establece la ley, más que crear nuevas estructuras costosas.
La razón detrás de la propuesta de los parlamentarios del grupo mayoritario es la concentración del poder en el Ejecutivo. Hoy su partido tiene la presidencia de la república, la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, así como mayoría en 20 de los 32 congresos estatales. Uno de los ámbitos que hoy se escapa a su control es el Poder Judicial.
En 1994, durante el sexenio del presidente Zedillo, se llevó a cabo una reforma profunda del Poder Judicial que buscó la reducción de su estructura y garantizar su transparencia y autonomía. No obstante, durante los últimos 25 años se han evidenciado deficiencias estructurales y la imperiosa necesidad de una serie de reformas que garanticen su autonomía constitucional y su adecuado funcionamiento para la impartición de justicia, por cierto, ésta una de las demandas más sentidas de la población en el inacabado proceso de transición democrática.
Pese a todo, el Poder Judicial ha servido de contrapeso, lo podemos ver en las suspensiones definitivas en favor de las Estancias Infantiles tras el anuncio presidencial de retirarles el presupuesto, así como en la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo cual generó expresiones de rechazo en el grupo parlamentario de MORENA hasta el punto de plantear “la desaparición de la Corte”.
La propuesta actual del grupo mayoritario no persigue la desaparición del Máximo Tribunal ni tampoco mejorarlo sino el asegurarse su control. Actualmente la SCJN se compone de 11 magistrados de los cuales dos fueron nombrados por el presidente en turno: el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
La ley establece que los ministros durarán en su cargo 15 años, por lo que el relevo más próximo sería el del ministro José Fernando Franco en diciembre del 2021 sumando así 3 nombramientos afines al Poder Ejecutivo. De concretarse la propuesta de MORENA, para el 2021 el presidente contaría con la mitad de la Suprema Corte, controlando así los tres Poderes del Estado y no existiría ningún contrapeso.
Aunque conforme a la Constitución corresponde al Senado el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte por votación de una mayoría calificada, esto no es ninguna garantía. Como lo vimos en el proceso de selección de los candidatos para encabezar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no importó la ineptitud de los nominados sino la fidelidad al presidente y al no ser aprobados, el presidente los postuló nuevamente para que al segundo rechazo el tuviera la facultad de designarlos a su libre voluntad.
Ante los cambios propuestos, conviene recordar que en 1852 Benito Juárez pronunció un discurso ante la X Legislatura de Oaxaca donde sostuvo que “los hombres que no pueden soportar el yugo suave de la ley, tampoco pueden conformarse con ese orden de cosas, y de aquí procede ese constante empeño de destruir el sistema federativo, substituyéndolo con el poder absoluto”.
Es deseable que MORENA retire esta propuesta y que todos asumamos indubitablemente que para alcanzar una democracia plena es fundamental la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Debilitar la división de poderes o acabar con los contrapesos constitucionales atenta contra el sistema democrático, si esto sucede lo que sigue es la dictadura.