El Atlas de Riesgo Político Electoral en México señala que, de 2006 a 2018 han sido asesinados 292 candidatos, políticos o ex servidores públicos, para configurar la violencia política en nuestro país.

Violencia política

Este informe resalta que 66 de ellos eran alcaldes, 58 alcaldes en funciones, 47 servidores públicos, 42 periodistas, 28 candidatos y precandidatos, 23 líderes políticos y sociales, 9 alcaldes electos, entre otros.

De ellos, 96 pertenecían al PRI, 58 al PRD, 27 al PAN 14 a comunidades de usos y costumbres y 10 a morena. Los estados del país que más incidencia presentaron son, Guerrero con 14 fallecimientos, Oaxaca con 14, Chihuahua con 9, Veracruz con 9 y Estado de México con 7, principalmente.

De estas generalidades estadísticas pueden hacerse algunas deducciones. Primero, el mayor número de asesinatos se cometen contra ex servidores públicos; y, en segundo lugar, que el orden municipal es el más vulnerado con más muertes.

Estos datos son valiosos porque arrojan la necesidad de que la Federación y las Entidades Federativas puedan apoyar, e incluso, absorber algunas de las funciones que en seguridad tienen atribuidos a los municipios, en primera instancia, y terminar de implementar y fortalecer el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción.

Seguridad

Por eso la prestación del servicio público de seguridad que prestan municipios es insuficiente, porque los municipios son fácilmente penetrados por redes de corrupción política y delincuencia que encuentran un nicho de oportunidad en los sistemas y servicios públicos que prestan.

Lo ideal podría ser que, la Federación intervenga publicando protocolos de actuación y desempeño en aquellas áreas de la seguridad más vulneradas en los municipios y, además, que la prestación del servicio de seguridad pública sean apoyados por la Policía Estatal y por las fuerzas federales de la Policía Federal.

Esto podría involucrar que sea modificado el artículo 21 y 115 constitucional, para integrar a la Federación y las Entidades Federativas en la coadyuvancia de la prestación del servicio público de seguridad en los municipios.

Corrupción

Por otra parte, el debilitamiento de la capacidad de influencia del estado de derecho y la impunidad hace presa fácil a las estructuras municipales que ven en la corrupción, la ventana de oportunidad para enriquecerse fácilmente y con ayuda de las redes de la delincuencia para encontrar nichos de oportunidad para seguir delinquiendo.

Por esta razón es, que el problema de la corrupción y la impunidad no es un asunto focalizado en un nivel u orden de gobierno, sino que el problema subsiste porque culturalmente es visto como una forma de vida, en el que la clase política tiene una gran responsabilidad en su establecimiento, permanencia y en la falta de voluntad para implementar medidas para su erradicación.

Pero mientras no exista una visión integral de la seguridad que involucre una función de Estado y varias funciones de gobierno, como la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, persistirá una confusión conceptual que permea a las normas secundarias, procesos y métodos de la seguridad.

De planeación a planeación

@racevesj | @OpinionLSR | @lasillarota



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