La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un papel central en el esquema democrático. Sus atribuciones como instancia revisora de la constitucionalidad de los diferentes actos de los poderes públicos le permiten impulsar el imperio de la ley y tutelar los derechos de las personas. Así, la Corte representa un dique para contener cualquier tentación autoritaria en el ejercicio de gobierno de las mayorías.
El pasado 12 de marzo, el Senado de la República, por mayoría calificada y de acuerdo con los procedimientos y disposiciones constitucionales y legales, designó a la doctora Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la SCJN, para cubrir la vacante que dejó la ministra Margarita Luna Ramos al concluir su periodo. Con anterioridad al nombramiento, hubo un intenso debate en los medios de comunicación, redes sociales y en el mismo recinto legislativo, a partir de críticas y planteamientos acerca de la terna propuesta por el Ejecutivo de la que se eligió a la doctora Esquivel, pues desde la perspectiva de diversas personas, las candidatas no daban certeza en cuanto a su independencia, al considerarlas cercanas de una u otra forma al partido en el gobierno.
SCJN
Una vez designada, la nueva ministra encontrará en su labor cotidiana como integrante de la instancia que preserva la constitucionalidad, el espacio útil para construir la legitimidad social necesaria como sustento a sus decisiones; además de que su trayectoria en el servicio público, particularmente en el ámbito jurisdiccional, crea expectativas favorables sobre la labor que realizará. Bajo este contexto, es pertinente traer a colación las palabras que expresó en su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, previa a su designación: “Una sociedad de derechos y libertades requiere una justicia cercana, expedita, honesta”. Esta postura resalta un rasgo que debe caracterizar el ejercicio de la delicada función jurisdiccional, que es la capacidad de escuchar los reclamos y necesidades de las personas, ya que las resoluciones judiciales inciden en la vida en comunidad e, incluso, pueden actuar como agentes de cambio positivo.
Por lo anterior, el máximo tribunal de la nación no puede establecerse en una torre de marfil, esto es, entre sus características no cabe la insularidad. Adicionalmente, es de resaltar la función de contrapeso que tiene el máximo tribunal, la cual es indispensable ante un modelo político que, en ocasiones, propicia que quienes ocupan un cargo de representación popular respondan a las demandas de sus votantes con actos legislativos o ejecutivos susceptibles de ser revisados en función de su congruencia con la Constitución. De tal forma, los ministros, designados en un proceso distinto al de la democracia electoral directa y orgánicamente autónomos de los otros poderes, conducen su actuación por razonamientos jurídicos, interpretaciones de justicia y estándares internacionales, así como por la experiencia acumulada en sus trayectorias. Esta confluencia de saberes y experiencia enriquece las resoluciones del colegiado al que se incorpora la nueva ministra, que resuelve en un esquema de responsabilidad compartida para mantener la regularidad constitucional.
De tal manera, se crean las condiciones para que se dé la independencia en sus decisiones, las cuales pueden incluso no ser del acuerdo de las mayorías políticas, pues idealmente no responden a intereses de grupo, ni tienen fines cortoplacistas o adheridos a coyunturas políticas, sino que se basan en el interés general y en la idea de justicia.
En la coyuntura política actual, el reto para la SCJN es complejo.
En su nueva configuración, deberá actuar de la manera más transparente, sólida y receptiva para contribuir a mitigar la impunidad, la violencia y la corrupción, que han permeado en buena parte del espacio público en México. La expectativa social incluye aspectos de verdad y de reparación, y los jueces del alto tribunal son piezas clave dentro de la institucionalidad nacional para alcanzarlos.
Al respecto, es de destacarse que, en su integración y funcionamiento, la SCJN es un reflejo de nuestra sociedad. Por ello debe ser bienvenida la pluralidad de posiciones y perspectivas en el debate jurisdiccional, como un diálogo intrínsecamente democrático, sustentado en el esquema de principios y valores de la Nación, que se actualiza en el seno de la última y definitiva instancia decisoria sobre la interpretación constitucional.
La naturaleza democrática de nuestro régimen político es concebible únicamente si se actualiza la eficacia de los jueces constitucionales al garantizar efectivamente la obediencia a la Carta Magna. Esta labor es incesante, dado que día a día se actualizan retos a la constitucionalidad en diversos planos.
En ello la SCJN tiene que ser acompañada por la sociedad, de manera crítica, para cuidar que se preserven los innegables logros que en materia de derechos se han obtenido. También están llamados a ser aliados de la Corte los poderes Ejecutivo y Legislativo, los organismos autónomos y las distintas instituciones de gobierno, ya que está en juego el núcleo del pacto social, es decir, la vigencia de los derechos de las personas.