Un toque de queda para las mujeres para evitar que salgan de casa después de las 10 de la noche y así prevenir que haya más mujeres asesinadas en territorio veracruzano fue la medida propuesta por la diputada local Ana Miriam Ferráez del Movimiento de Regeneración Nacional ante el registro de más de 25 feminicidios en la localidad durante los últimos dos meses.
Posteriormente, ante múltiples cuestionamientos, la legisladora ofreció disculpas públicas y afirmó que trabajará de manera ardua para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.
No es la primera vez que en la entidad veracruzana se plantean soluciones como la de Ferráez. En 2015, la entonces diputada del Partido Verde Ecologista de México, Mónica Robles Barajas impulsó la reforma al artículo 158 del Código Penal de Veracruz para sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes transmitan de manera intencional a otra persona infecciones de transmisión sexual “graves”.
La legisladora argumentó que la medida respondía a realidades como que las mujeres muy difícilmente podían negociar el uso de condón con sus maridos, lo cual se reflejaba en el aumento de nuevos casos entre la población femenil. Tres años después la medida fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que no respondía a la necesidad por la que fue planteada, pues no había argumentos para asegurar que dicha medida redujera nuevos casos de VIH en mujeres.
Lo anterior son ejemplos de propuestas que carecen de un sustento basado en evidencias y de la perspectiva de género, una herramienta que desde hace más de dos décadas ha sido promovida como un elemento básico en la proposición y construcción de políticas enfocadas a solucionar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana.
De acuerdo con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (OnuMujeres), basándose en las resoluciones del Consejo Económico y Social de las propias Naciones Unidas, la perspectiva de género debe comprenderse como un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles.
Impedir la perpetuación la desigualdad
El objetivo de implementar la perspectiva de género en líneas de acción y políticas públicas, según OnuMujeres, consiste en crear estrategias que tomen en cuenta las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, como elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida la perpetuación la desigualdad.
Desde esta mirada, el propio organismo internacional ha propuesto estrategias globales como el modelo Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros, una medida urgente ante los altos índices de violencia sufrida por las mujeres en los espacios públicos, desde comentarios sexuales no deseados y manoseos, hasta violaciones y feminicidios, en la calle, en el transporte público, la escuela y el lugar de trabajo y sus inmediaciones, en el parque, en las instalaciones de saneamiento público y en los puntos de distribución de agua y alimentos, entre otros.
Su objetivo es contrarrestar la reducción de la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas e incrementar su capacidad de participar en la escuela, el trabajo y la vida pública.
Parte de las acciones del programa están enfocadas a realizar un diagnóstico sobre la situación específica del lugar a intervenir para identificar intervenciones apropiadas al contexto con perspectiva de género; incentivar la inversión de recursos en la seguridad y la sostenibilidad económica de los espacios públicos; desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos y generar un cambio de actitudes y comportamientos para promover los derechos de las mujeres y niñas a disfrutar los espacios públicos libres de violencia sexual.
Como se puede observar, la perspectiva de género implica tomar en cuenta múltiples factores sociales, políticos, culturales, económicos, entre otros, para dar solución a un problema estructural. Por tanto, en un país donde al día se registran siete feminicidios y casi 80 por ciento de la población femenil ha reportado ser víctima de violencia, al menos una vez en su vida, las propuestas para hacer frente a la situación deben estar fuertemente sustentadas y no ser meras ocurrencias.