“Los Zetas” era uno de los cárteles más poderosos del mundo, caracterizado por su sadismo, el gobierno de Estados Unidos los calificó como una “inusual y extraordinaria amenaza a la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales”, mientras que las autoridades mexicanas los identificaban con presencia en 16 entidades del país. Era 2011.
Aquel año, uno antes de que comenzara su declive, “Los Zetas” perpetraron una de las peores masacres de la que se tenga registro en México. Sucedió el 18 de marzo, en Allende, Coahuila, donde los narcotraficantes habrían desaparecido hasta 300 personas.
Pese a la magnitud del caso, la masacre se mantuvo en silencio durante tres años, luego una investigación del Colegio de México –encabezada por el reconocido académico Sergio Aguayo– y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), fue hasta finales de 2016, más de cinco años después de los hechos, cuando estos se dieron a conocer en profundidad.
Una traición y un error de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fueron los detonantes de esta masacre.
José Vásquez, conocido como “El Diablo”, era el hombre de “Los Zetas”, en Dallas, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, en un giro inesperado, fue detenido por autoridades estadunidenses. Estas, tentándolo con reducir su tiempo en la cárcel amenazándolo con encarcelar a su esposa y su madre, lo convencieron de ser testigo protegido y dar información del cártel.
Así, “El Diablo” –aun sin que se supiera de su arresto– consiguió que los números de NIP de los teléfonos celulares de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “El Z-40” y “El Z-42”, líderes máximos de “Los Zetas”. La información fue conseguida por Vásquez a través de Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”, operador de la organización criminal, quien entregaba celulares nuevos de forma constante a los hermanos Treviño Morales.
Con la información en sus manos, la DEA la entregó a la Policía Federal, sin embargo, esta instancia mexicana tenía un infiltrado de “Los Zetas”, quien alertó a los hermanos Treviño Morales de la traición. Entonces comenzó la venganza.
Para “El Z-40” había tres posibles traidores, “El Negro” –quien en efecto dio la información–; José Luis Garza Gaytán, alias “La Guichina”; y Mario Alfonso Cuéllar, conocido como “Poncho”. Los tres, alertados de las sospechas de los hermanos Treviño Morales, escaparon a Estados Unidos.
Eso no detuvo a “Los Zetas”, quienes con sed de venganza comenzó una masacre en Allende, donde vivían familiares, amigos y trabajadores de “El Negro”, “La Guichina” y “Poncho”. El cártel sabía lo que venía, por ello instruyó a autoridades locales y estatales a no patrullar la zona, ni a responder llamadas del 911.
Ingresaban a los ranchos, tirando balazos y agarrando a quien se encontraba en el lugar, sin importar sin importar si eran niños, mujeres o adultos mayores. Los torturaron por horas, para luego ejecutarlos. Los cuerpos, después, fueron desaparecidos de diferente manera, sin embargo, la mayoría fueron incinerados.
Las viviendas fueron saqueadas para encontrar dinero y drogas que, presumían los hermanos Treviño Morales, los traidores habían robado. Cuando el atraco de las viviendas terminaba colocaban pequeños explosivos para que quedaran inhabitables.
De forma oficial, se tiene la información de 42 desaparecidos, sin embargo, trasciende que fueron hasta 300, según las pesquitas del Colegio de México y las declaraciones posteriores de “El Diablo” en Estados Unidos.
Entre los desaparecidos registrados hay 20 familiares y allegados de “La Guichina”, tres amigos de “Poncho” y dos trabajadores de “El Negro”, más 26 personas no relacionadas con los capos criminales.
“El Z-40” fue detenido en julio del 2013 en Anáhuac, Nuevo León, cerca de la frontera con Tamaulipas; luego, “El Z-42” fue aprehendido el 4 de marzo del 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Ambos se encuentran en México, con orden de extradición, hecho que no ha sido consumado, por lo que no han podido declarar sobre dicha masacre, palabras que muy probablemente aclararían el caso.
A más de ocho años de la masacre de Allende, el próximo 27 de junio las autoridades federales darán una disculpa pública a las víctimas, según detalló el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, José Ángel Rodríguez Canales, donde estarán presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez.