Menudo paquete tendrá Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa, a quién le tocará durante su gestión promover recursos económicos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, institución que a la fecha cuenta con 90 mil 600 expedientes en trámite y que la convierte como la mayor en el país.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
En días normales parece un monstruo come expedientes que camina con dificultad. La falta de recursos es notable, no hay personal suficiente y las salas de audiencias se encuentran rebasadas. Una audiencia tiene un periodo de retraso de hasta tres horas, si se tiene anunciada iniciar a las diez de la mañana ésta comienza hasta la una de la tarde, aproximadamente.
El personal se encuentra saturado de trabajo, los escritorios tienen apilados expedientes para ser estudiados. Las mecanógrafas que son el pilar de esa institución laboral, se las ingenian para apresurar las audiencias lo más posible. Escriben con rapidez, casi salpicando las letras para lograr que termine la audiencia lo más pronto posible. Hasta regañan a los abogados que no saben qué decir, que quieren dictar lento o que dicen puras sandeces. Hasta les corrigen los dictados:
- ¡Ay abogado!, ¿pero dónde estudió?
Es común ver en Doctor Río de la Loza 68 en la colonia Doctores, entrada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, largas filas de personas que la visitan. En horas pico, dentro de sus instalaciones es probable que lleguen a estar hasta 5 mil personas haciendo las gestiones de su expediente.
Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta en funciones de esa institución, permitió hacer visible la crisis que vive la justicia laboral en nuestro país. Fue, junto con otras voces, quién alertó que nada sirve impulsar una reforma laboral para desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje si los Tribunales Laborales, anunciados en la reforma constitucional del artículo 123 en febrero de 2017, carecen de recursos económicos.
Será sólo un cambió de fachada
Desde su gestión se lograron impulsar foros plurales con la participación de sectores empresariales, sindicales y académicos para que no se impusiera una reforma que significara un retroceso en el modelo de la justicia laboral. Se volvió una funcionaria incómoda en los espacios de la Federación al exigir que no se legislara al vapor sin que hubiera consultas en todos los sectores. Se implementó el programa de Calculadora de Compensación por Despido, el cual tiene como objeto predecir las probabilidades de concluir un juicio por convenio, laudo u otro modo, y así el trabajador tener la posibilidad de conocer si la cantidad es la adecuada para realizar un convenio.
El área de Asuntos Colectivos, cuyo titular Pablo Franco Hernández, archivó más de 40 mil contratos colectivos que se encontraban inactivos y que servían de parapeto patronal en perjuicio de los trabajadores. Todos ellos no revisaban los salarios desde 2011 y hasta se encontraban por debajo del salario mínimo general vigente. Fue de los pocos funcionarios que logró tener interlocución con todos los sectores, tanto obreros como patronales. También se tuvo avances al lograr asegurar el voto secreto mediante la celebración de recuentos y la elaboración de padrones confiables para la votación en los mismos, aún antes del surgimiento de la reforma constitucional. Se lograron implementar medidas para detener demandas por titularidad y emplazamientos a huelga por extorsión en contra de los pequeños y medianos empresarios.
El área de Conciliadores a cargo de Selene Isela Campos López logró implementar diplomados de carácter internacional para certificar a sus conciliadores, siendo la única institución en el país que logró estos resultados en materia de mediación y conciliación. Cursos, conferencias, intercambios de experiencias, simulacros, presentación de tesinas y exámenes con sinodales fueron la línea que marcó esa gestión. Durante los últimos seis años se resolvieron por la vía conciliatoria cerca de 60 mil expedientes, lo cual representa un avance de suma importancia para la justicia laboral.
Los conflictos de bomberos, del periódico La Jornada y de gasolineros marcaron la magnitud de las controversias laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. De acuerdo con el último informe de esta Institución, hasta septiembre de 2018 el total de huelgas en trámite fue de 50, mientras que el total de emplazamientos llegó únicamente a mil 950 a pesar de existir 40 mil contratos colectivos de trabajo que deberían ser revisables.
Gestión
Durante los últimos meses de la gestión de Darlene Rojas se impulsaron mesas de trabajo para tener una propuesta de reforma laboral que el Legislativo considerará. En la mesa grande de la presidencia de la Junta Local capitalina, durante catorce sesiones realizadas cada lunes se tuvo la presencia de abogados empresariales, de trabajadores, sindicalistas, académicos, magistrados del poder judicial federal y de funcionarios de esa Junta Local para buscar una propuesta consensada de reforma laboral.
Algunos puntos fueron motivo de mucha controversia, entre ellos, si la demanda inicial debería incorporar pruebas de manera forzosa o no.
Juicios con un modelo oral, con la presencia forzosa de jueces en la admisión de pruebas y desahogo de éstas, o bien, juicios con un modelo similar al actual en el que la etapa de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas fuera a distancia para lograr una justicia con menos costos.
Si la subcontratación debiese incorporarse en el paquete de reformas o no. O cómo lograr celeridad en los juicios ante una doble notificación con la separación de la etapa de Conciliación en una institución a cargo del Ejecutivo y otra al inicio de la demanda a cargo del Poder Judicial.
Fueron algunos de los disensos, pero hubo otros de enorme coincidencia en esa mesa grande de la Junta Local de la Ciudad de México.
Justicia laboral
Los retos de la justicia laboral en la Ciudad de México van aparejados en una mayor sensibilidad de los gobernantes que vienen, de los legisladores encargados de autorizar el presupuesto. La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje no debe significar disminución de su presupuesto, por el contrario, se requiere incrementarlo.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje actualmente cuenta con un presupuesto ejercido de 448 millones 936 mil 105 pesos, representando de ese presupuesto el 92% para el pago al personal y resultando únicamente el 8% para el pago de servicios que de reducirse el presupuesto implicaría también una reducción en el personal, lo cual resultaría perjudicial para la justicia laboral en la Ciudad de México.
Hacen falta nuevas leyes, es cierto, pero debe concitarse un ejercicio de pluralidad, sin perder la tutela al trabajador, que fortalezca la estabilidad en el empleo, incorpore la perspectiva de género, termine con los contratos colectivos de protección y la subcontratación, logre la democratización en las organizaciones sindicales y en las revisiones contractuales.
Que se impulsen foros de discusión en todo el país, al menos en los siguientes seis meses, para arribar a una reforma en el segundo semestre de 2019 que se materialice con propuestas reales, y suficiente presupuesto.
Una reforma laboral apresurada estaría condenada al fracaso y a numerosos cuestionamientos.