El jueves 23 de agosto el empresario Gustavo Javier Jiménez-Pons Mejía ofertó en la puerta de la casa de transición mil 700 millones de pesos por el avión presidencial que Andrés Manuel López Obrador, prometió, pondrá en venta a partir de que tome posesión el 1 de diciembre.
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Cinco días después, el martes 28, dos abogados le siguieron los pasos y en el mismo lugar –mientras el presidente electo volaba de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México– hicieron una contraoferta: 200 mil pesos, pero para quien dé información que lleve a la captura de Jiménez-Pons.
Se trata de Julio César Rojas de la Cruz y José Luis Rojas Hernández, quienes se presentaron como abogados de la firma RCA y representantes legales de “Viajes Eurovips México”, una empresa a la que argumentaron los litigantes, Gustavo Javier Jiménez –Pons defraudó en 2006 por una cantidad cercana al medio millón de dólares.
José Luis Rojas explica a La Silla Rota que en el marco del Mundial de futbol Alemania 2006, Jiménez-Pons signó contratos para venderle a su representado 5 mil boletos para los tres primeros partidos del Tri. Por este concepto “Viajes Eurovips México” le habría pagado poco más de 500 mil dólares, pero las entradas nunca se entregaron.
Él se compromete a entregar esos boletos a cambio del pago de un millón de dólares, se le da la mitad y no cumple con el contrato. Viajes Eurovips México es una empresa mexicana y son varios socios, ya no tiene operación en el país porque quebró a raíz del desfalco de Gustavo Jiménez-Pons”, acusa el litigante.
Durante el juicio, explica, el demandado argumentó que los contratos quedaron sin efectos tras la entrega de finiquitos firmados el 18 de mayo de 2006 y presentó una serie de documentos de los pagos devueltos a la empresa turística.
Él utiliza un mecanismo de engaño mediante una tinta que se borra, durante el juicio él argumenta que hay un finiquito, pero se demuestra que ese finiquito fue alterado con tinta que se puede borrar y entonces no aparece su firma, sólo la de la empresa”, asegura.
Según los abogados, el juicio por fraude genérico llevó a que el 4 de septiembre de 2013 el juez Cuadragésimo penal de la Ciudad de México, librara una orden de aprehensión. La pena que purgaría el político y empresario sería de cinco años de prisión.
“Se quedó con medio millón de dólares. La recompensa (de 200 mil pesos) la ofrece la compañía defraudada y es para que nos faciliten la información para la captura de esta persona. Estamos solicitando la colaboración de la sociedad para que se haga justicia”, concluye el abogado.
Pero Gustavo Jiménez-Pons –candidato a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal por el partido Alternativa Social Demócrata y Campesina en 2006 y aspirante a una candidatura independiente por la presidencia en 2017– tiene su propia versión.
“Realmente este asunto ya a mí me tiene un poquito cansado son 12 años de lidiar con este par de rufianes que no sé qué persiguen, todo lo que señalan resulta un absurdo, alegan que me he hecho ojo de hormiga que he evadido a la justicia”, dice a La Silla Rota.
El empresario –sobrino de Rogelio Jiménez Pons, quien se perfila como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en la administración de López Obrador– asegura que en octubre de 2015 la Octava sala penal falló a su favor.
Existe una resolución de la Octava sala penal de octubre de 2015 que suspende de plano la resolución de 2013. Es evidente desde 2006 la intención de algunas personas de dañar mi imagen, desde luego quieren lastimar el proceso de compra del avión presidencial”, argumenta y cuenta su versión de la historia.
Yo en efecto suscribí tres contratos para la adquisición de boletos del mundial, estos contratos se dieron por terminados en virtud de un finiquito firmado el 18 de mayo de 2006 donde se dijo que los mismos quedaban sin efecto. Cuando vino este finiquito se hizo el intercambio de contratos, yo entregué los que tenía en posesión con la firma de la empresa y ellos me entregaron los que tenían mi firma”, explica sobre el presunto mecanismo de defraudación vía una tinta que se borraba.
“(¿Quién busca revivir el caso?) Si lo supiera te daba nombres, si supiera a quién beneficia el dañarme lo haría saber. Yo creo que hay un resentimiento arraigado en este par de abogados”, concluye Jiménez-Pons y agrega que les responderá con una recompensa de 400 mil pesos.
“Por toda la información que me permita conocer los arreglos y complicidades de estos abogados con jueces y ministerios públicos… y puedo doblarla a 800 mil”, oferta.
jamp