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La corrupción afecta a los más pobres

Ningún mexicano debe ver afectada su vida cotidiana a causa de la corrupción, mucho menos aquellos cuya situación de vulnerabilidad es más crítica. | Joel Salas

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Escrito en OPINIÓN el

Uno de los principales factores del descontento y la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades son los escándalos de corrupción e impunidad en los gobiernos estatales. Desde 2010, varios gobernadores han sido acusados de incurrir en este tipo de actos e, incluso, algunos han sido detenidos y los juicios continúan en proceso. Es importante preguntarnos ¿cuáles son sus consecuencias concretas en la vida de los ciudadanos? El 22 de agosto, el pleno del INAI reflexionó sobre esto cuando discutió el recurso de revisión RRA 3926 e instruyó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacer pública información sobre el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en Quintana Roo.

El FISE es un fondo destinado a las zonas con mayor rezago social y pobreza extrema en las entidades federativas. Su objetivo es construir obras como alcantarillado, electrificación, clínicas, escuelas, comedores y viviendas dignas, es decir, a dignificar la vida de los mexicanos más vulnerables. Para lograr esto, en 2017, la federación asignó 8 mil millones de pesos a este fondo. No obstante, cuando existe negligencia o corrupción, estos recursos pueden no ser destinados a los fines previstos. Las auditorías hechas al FISE arrojan pagos excesivos, obras no justificadas, no ejecutadas, sin operación o inconclusas. El caso de Quintana Roo es un buen ejemplo.

Irregularidades

La ASF identificó irregularidades en la administración del FISE, cuando fue gobernador Roberto Borge. Hoy esta persona está recluida en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos enfrentando cargos por lavado de dinero, abuso de poder y peculado. En cuanto al FISE de Quintana Roo, la ASF halló, entre otras cosas, que se asignaron fondos para terminar de construir el hospital comunitario de San Nicolás Bravo, Chetumal, lo cual había iniciado desde 2009. En 2015, el gobierno de Borge asignó recursos para continuar los trabajos, pero al año siguiente el hospital aún no estaba en operaciones y carecía de equipo y mobiliario. Se calculó un posible daño de 13 millones 48 mil pesos a la hacienda pública. De acuerdo con la prensa local, el hospital sigue sin funcionar. Mientras tanto, más de 4 mil personas carecen de servicios de salud básicos.

De acuerdo con el último reporte de 2017, en Quintana Roo, el FISE debió financiar 93 proyectos: construcción de viviendas, saneamiento de ríos, pozos, plantas de tratamiento de aguas, caminos, redes eléctricas, entre otros. Si los recursos del FISE son desviados como parte de posibles actos de corrupción, al igual que el hospital comunitario, estos proyectos no se concretarán y los beneficiarios permanecerán sufriendo carencias. Así de simple, la consecuencia concreta de la corrupción en la vida de los ciudadanos es bloquear las oportunidades para mejorar su calidad de vida. La corrupción abona a perpetuar la pobreza y la desigualdad.

La información, como la que el pleno del INAI votó hacer pública la semana pasada, es fundamental para conocer estos casos y enfrentarlos. Sirve a los ciudadanos para rastrear posibles actos de corrupción, colaborar con las autoridades competentes en su esclarecimiento, al tiempo que evalúan las acciones de sus gobernantes. Ningún mexicano debe ver afectada su vida cotidiana a causa de la corrupción, mucho menos aquellos cuya situación de vulnerabilidad es más crítica. En el INAI estamos convencidos que la información pública puede ayudar a exponer casos como el de Roberto Borge y a prevenir que se repitan. Dentro de nuestras atribuciones continuaremos impulsando acciones para que el acceso a la información y la transparencia sean efectivos para los mexicanos y les ayuden a denunciar la corrupción y exigir que los responsables sean castigados.

Transparencia: requisito para un país en paz

@joelsas | @OpinionLSR | @lasillarota