Con la información tan inmediata que existe en el Internet, las noticias falsas o fake news cada vez son más frecuentes y tienden a viralizarse muy rápidamente; una de estas noticias que resurge cada 8 de marzo tiene que ver con un perrito que, después de casi siete años continúa siendo tendencia.
La leyenda urbana cuenta que, en el 2016, durante una marcha feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer sucedida en Tijuana, Baja California, un perrito fue pintado con pintura morada por un grupo de feministas, el motivo de aquel castigo fue “porque era macho”, o al menos así lo relataron algunos medios de comunicación que cayeron en el amarillismo y criminalización de las protestas.
Al darse a conocer las imágenes del perrito pintado con lo que parecía ser pintura morada en spray, los medios rápidamente replicaron la información y quienes leyeron aquella noticia creyeron en su veracidad. La fotografía del perrito fue publicada en Facebook por muchas páginas, hasta que los supuestos dueños afirmaron que era completamente falsa aquella declaración ya que la tintura morada era en realidad un medicamento para curar la piel de aquel animal.
Después de aquellos señalamientos, cada año distintas colectivas reviven las imágenes y encabezados con los que se vendió este “acto criminal” para así burlarse de la irresponsabilidad de los medios y evidenciar cómo es que los prejuicios en contra de las manifestaciones feministas lideran la información mostrada a la sociedad. Si bien ya se aclaró toda la situación, en cada marcha aún existen personas difundiendo las supuestas agresiones de las que el perrito fue víctima, sin embargo, más que crean noticias falsas, el acto se convirtió en un meme feminista.
Un meme que refleja la realidad
Si bien es cierto que después de la aclaración de aquella supuesta agresión las fotografías del perrito se conviritieron en una leyenda urbana para las mujeres feministas que protestan, el tratamiento que los medios de comunicación le dieron a esta información refleja perfectamente la criminalización que sufren las mujeres feministas que deciden manifestarse públicamente.
La criminalización de las protestas en el movimiento feminista se refiere a la aplicación de medidas represivas y penales por parte del gobierno en respuesta a las manifestaciones legítimas que exigen el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres.
En muchos casos, las mujeres que protestan saliendo a marchar a las calles son objeto de acusaciones y sanciones penales, lo que las coloca en una situación vulnerable y de riesgo ante la violencia institucional, la violencia sexual, la detención arbitraria y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
La criminalización de las protestas feministas también se manifiesta a través de la estigmatización de las mujeres que participan en estas movilizaciones, tachándolas de violentas, peligrosas o desestabilizadoras, lo que crea un clima de hostigamiento y represión en su contra.
Este tipo de prácticas se contraponen a los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la protesta y el derecho a la participación política, y afectan gravemente la capacidad de las mujeres para ejercer su ciudadanía y hacer oír sus demandas en la esfera pública.
En octubre del año 2022, distintas organizaciones civiles presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de México. La denuncia se basó en la estigmatización y criminalización de la protesta feminista, que ha sido objeto de abusos y violencia debido a un ambiente patriarcal y un marco normativo represivo que limita el derecho a la libre asociación, libre expresión y defensa de los derechos humanos.
Durante la sesión de la CIDH, las organizaciones denunciantes expresaron que las mujeres y niñas han levantado movimientos feministas y de derechos humanos en respuesta a la fuerte violencia contra ellas, exigiendo al Estado acciones de prevención y erradicación de dichas violencias. Sin embargo, en lugar de responder de manera adecuada, el Estado ha utilizado la fuerza y violencia sexual, incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital en contra de las mujeres y niñas que protestan.
Las organizaciones señalaron que, aunque las manifestaciones lideradas por mujeres han sido mayoritariamente pacíficas, han sido estigmatizadas como violentas, lo que viola su derecho a la reunión y libre expresión. Durante la audiencia, un representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas pidió al Estado mexicano que reconozca la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas, investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones y aborde las causas estructurales de la violencia contra las mujeres.