Un grupo de mujeres migrantes, algunas menores de edad, se plantaron en la Fiscalía General del Estado de Tijuana especializada en Delitos Sexuales, esto con el objetivo de exigir justicia y una respuesta clara a sus denuncias pues vivieron una situación de hostigamiento el fin de semana y la dependencia sólo señaló que al tratarse de un sábado no las podrían atender. Ahora, las mujeres se encuentran en busca de órganos que protejan sus derechos ante los vacíos de las autoridades mexicanas. 

Todo sucedió al interior de un albergue, en donde familias e infantes en situación migratoria se encuentran. A las tres de la tarde, un menor que jugaba a las orillas del albergue alertó a los directivos del lugar y a las mujeres que un hombre sospechoso se encontraba merodeando y tomando fotografías a escondidas. 

Ante el aviso, las mujeres salieron rápidamente en busca del individuo, pues parecía ser un caso de acoso sexual, sin embargo, el hecho se volvió aún más complejo cuando encontraron que el hombre tenía más de media centena de fotografías del rostro y cuerpo de mujeres, la mayoría, entre 10 y 15 años de edad. Además, de acuerdo al medio El Imparcial, en todo el dispositivo se encontraban múltiples carpetas con más de mil 500 imágenes de las mujeres y niñas del albergue en distintos días, junto con un dispositivo que aparentemente, le permitía imprimir el contenido. 

Rápidamente, la situación escaló cuando los padres de familia agredieron físicamente al hombre y las autoridades tuvieron que arribar al albergue. Posteriormente, se llevaron al agresor en calidad de detenido y un juez ordenó a las familias afectadas presentar una denuncia para poder darle seguimiento al hecho, pues existía el riesgo de que lo dejaran en libertad 48 horas después al no existir pruebas ni cargos en su contra.

Sistema entorpecido

Las madres de las menores y las adolescentes acudieron a las oficinas de Delitos Sexuales esa misma tarde para proceder con su denuncia, sin embargo, el lugar se encontraba cerrado. Los familiares comenzaron a tocar las puertas de la oficina y exigían hablar con una autoridad resolutiva y la única respuesta que obtuvieron fue que no las atenderían y que volvieran el lunes, es decir, en dos días. 

“Para el lunes no sirve porque el juez nos dijo que ellos no podían detenerlo más de 48 horas o sea que si lo sueltan seguro se va (...) habían más personas que al ver que se lo llevaron detenido escaparon del lugar, y es que, no son sólo las fotos, también los vieron hacer llamadas y dando información, lo único que pedimos es que investiguen”, compartió una de las mujeres para El Universal. 

En una relatoría de los hechos, el hombre fue sorprendido a las 3:00 de la tarde; a las 4:00 las mujeres se encontraban buscando a las autoridades y para las 10:00 de la noche, continuaban sin recibir alguna respuesta por parte de la fiscalía especializada. Ante la inacción, las mujeres decidieron montar casas de campaña y dormir ahí en compañía de sus hijos, pues temían que los cómplices del agresor pudieran regresar al albergue. 

De acuerdo con el Universal, las mujeres señalaron que la única respuesta de las autoridades es que el individuo tiene un “padecimiento mental”, sin embargo, las familias exigen que se investigue al agresor y cuestionan el porqué hacía llamadas y daba información de las menores que habitan en el albergue. 

“No tenemos certeza, por eso pedimos la intervención de la autoridad pero no hacen nada, hasta nos tratan mal, parece que cuando uno viene termina siendo el delincuente”, explicó preocupada una de las mujeres implicadas a las afueras de la fiscalía tijuanense. 

Mujeres migrantes anteponen denuncia luego de plantón

Después de permanecer toda la madrugada del domingo a las afueras de la fiscalía especializada, se les otorgó una resolución, y es que, las familias fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado en donde lograron denunciar bajo el delito de hostigamiento, sin embargo, han señalado que esto no es suficiente e intentan imputar otros cargos al hombre proveniente de Honduras, pues ha vulnerado a las familias del albergue y temen que se trate de un caso de tráfico de personas o que esté involucrado el crimen organizado.

Por su parte, la fiscalía ha señalado que no se puede hacer nada más para aumentar la pena, tomar fotografías no está estipulado como un delito, al menos, que sean desnudos. 

"Me dio mucho coraje y un gran miedo, para qué quiere las fotos de mis hijos. El hombre tiene muchas fotografías de menores de edad. Ya no me siento segura. Nos dijeron en la fiscalía que no procede a más”, compartió una de las madres afectadas para El Imparcial.

Finalmente, el director del albergue, Alberto Rivera ha señalado que hay un aproximado de 100 víctimas que no pudieron interponer su denuncia en la fiscalía y que además, se ha desestimado la versión de las mujeres, por lo que ahora, se intentará darle seguimiento a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado vecino, Baja California, esto con el objetivo de visibilizar los tratos discriminatorios que vivieron en la ciudad fronteriza, la falta de protocolos y la desprotección a la que se enfrentan estas mujeres con sus hijos.