El Senado de la Repúbica aprobó la penalización del matrimonio infantil, alcanzando hasta 22 años de prisión y una multa. Uno de los puntos que destacan de estas reformas, es la interseccionalidad, pues de acuerdo a lo estipulado, el tratamiento y penalización será diferente según la víctima de este delito, visibilizando en el código penal a las infancias indígenas, vulnerables y afrodescendientes. 

De manera puntual, las reformas modificaron el artículo 205-Bis y se añadió un apartado nuevo, de nombre Título Octavo del Código Penal Federal en materia del matrimonio forzado de menores de edad, sin embargo, la creación de este apartado no es reciente, y llevaba poco más de un año congelado esperando su aprobación. Ahora, el decreto ha sido avalado y fue enviado al Ejecutivo Federal donde se espera que entre en vigor.

De acuerdo con el Senado de la República, la multa es variable y estipula lo siguiente. 

  • Si la menor de edad pertenece a una comunidad indigena o afromexicana: 22 años de cárcel y hasta 778,029 pesos, si se trata de salario mínimo 
  • Pena base para quien coaccione, gestione u organice una unión o matrimonio infantil: 12 años de prisión y 259,350 pesos

Asimismo, el órgano aplica este agravante para cualquier persona que obligue, coaccione, induzca, solicite o gestione una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años de edad con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

El matrimonio infantil, la violencia estructural

En latinoamerica y el Caribe, existe un serio rezago en cuestión de matrimonio infantil, hecho que vulnera la integridad y la vida de millones de niñas y adolescentes en nuestra región. La tendencia a la alta de esta violencia, ha alertado a múltiples organizaciones internacionales, entre ellas, la Unicef que reveló en su informe El Matrimonio Infantil y Uniones Forzadas que 1 de cada 4 mujeres latinoamericanas había contraído matrimonio o una unión temprana, número que corre paralelamente con los números que manejan otras regiones de África y Asia. 

En ese contexto, la organización Girls, Not Brides advierte que a mediano plazo, Latinoamérica sobrepasará los números de matrimonio infantil de otros continentes, y esto se atribuye a que existen serios vacíos legales de protección para las infancias, pues mientras África destina una gran cantidad de recursos y programas publicos para erradicarlo, nuestra región lo ha dejado en el rezago. 

En México, se tienen registro de 10.2 millones de uniones con adolescentes de entre 15 y 18 años, y otras 2.3 millones de uniones ilegales con menores de 14 años, según Unicef, aunque indica que el número puede ser aún mayor.

Girls Not Brides, cuestiona que los gobiernos no han dedicado el suficiente recurso a entender las necesidades de su ciudadanía y destinar apoyo a los grupos más vulnerables, ¿qué necesidades existen en estas comunidades?, ¿por qué se normaliza esta práctica?, ¿estas niñas y adolescentes tienen acceso a la educación y oportunidades laborales?

"Hay muchas leyes que criminalizan el matrimonio infantil, pero no se enfocan en las causas estructurales, hay que identificar por qué esta niña está siendo forzada a unirse, y en otros contextos, ¿ello lo está decidiendo?, ¿por qué?" (Alma Burciaga, especialista en entrevista para efeminista)

Con información de la Unicef, se puede hacer una lectura de que nuestra región supera en un 21% a cualquier otra en el mundo (sin considerar África), un dato alarmante que apuntala a una serie de desprotecciones estatales. 

Esta vez, México ha dado un paso adelante en comparación de sus semejantes, como Perú, Belice, Honduras y Bolivia donde aún no se ha penalizado y se considera legal la unión con mujeres de 14 años. Asimismo, se destaca la implementación de la interseccionalidad en estas reformas y queda atender la violencia estructural para erradicar el matrimonio infantil en nuestro país. 

Es un tema de abusos, de desigualdades sociales, de brecha de género, de deserción escolar, de falta de educación reproductiva, de violencias económicas (…), las niñas y adolescentes tienen derecho a oportunidades, protección y opciones válidas de vida (Girls, Not Brides)