La Ciudad de México es habitada por más de 4 millones de mujeres y niñas que, diariamente, sortean las violencias sistémicas y sobreviven a una de las capitales más densas del planeta. El acoso, el feminicidio, el abuso, la agresión y el temor de la cotidianidad cuando se transita en las calles, han desarrollado una sensación de supervivencia para las mujeres capitalinas y no queda más que esperar a que el grupo reducido de quienes toman las decisiones priorice la calidad de vida de infancias, mujeres y grupos vulnerables.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudó una sesión que fue postergada el 16 de febrero y, en el margen de lo acordado, se colocó sobre la mesa una de las decisiones más importantes para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres e infancias: abrir un registro público de las personas que cometieron violación, abuso, acoso sexual contra menores de 12 años, feminicidio, trata de personas y turismo sexual de niños/adolescentes.
Crónica de una decisión anunciada
El 16 de febrero, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la validez del Registro de Agresores Sexuales, pues abonaría a los derechos de mujeres e infancias. En cambio, el ministro Javier Laynez debatió que hacer público este registro se trataba de una violación constitucional, pues representaba una pena de libertades para las personas que ejercieron alguna agresión. Paralelamente, el ministro Jorge Pardo señaló que realizar un registro de carácter público sería un obstáculo para el libre desarrollo y reinserción social de los individuos.
La sesión comenzó su etapa final y el voto de los ministros quedó inconcluso para definir si esta modificación a la ley era, o no, inconstitucional.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, tomó la última participación y acotó que, si bien, es válida la existencia de este acervo de información, es una violación directa a los derechos y a la intimidad de las personas. Fue así que entre líneas, la decisión ya había quedado tomada al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que se anunciaba desde aquella sesión se dio por sentado este 20 de febrero, cuando de manera veloz se confirmó la resolución: el registro público de agresores de la Ciudad de México es anticonstitucional.
“Señores ministros, este asunto quedó pendiente con la finalidad de que se nos presentara la votación alcanzada para tener claridad con respecto a lo diferenciado de la ministra Ríos y la mía”, inició la ministra Norma Piña, haciendo alusión a los dos votos faltantes ante el pleno que, después, se daría a conocer que fueron en contra.
Posteriormente, el Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina, señaló los artículos que son inválidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ministra Norma Piña Hernández se retiró del espacio y se dio por concluida la sesión resolutiva de algo, que en realidad, ya se anunciaba.
Ciudad de México, capital de violencia de género y defensa de los derechos… de agresores
En entrevista para la Cadera de Eva, Yndira Sandoval, impulsora y defensora de la Ley 3 de 3 condena que el estado mexicano pretenda que es más importante velar por derechos de agresores por encima del interés superior por las infancias o el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres y grupos vulnerables.
El hecho de que este registro permanece oculto a la ciudadanía perpetúa la violencia y es que, la Ciudad de México no sólo brilla por el atractivo turístico sino también, porque se posiciona como uno de los espacios con mayor violencia de género e intolerancia en la república:
- 3 de cada 10 mujeres capitalinas viven acoso sexual diariamente
- El mayor número de llamadas de emergencia y auxilio hechas por mujeres, se captan de la Ciudad de México, con un total de 287 mil 089
- La comunidad LGBT registra los mayores ataques y agresiones en el país, teniendo un total de 185 violencias agravadas en su contra, de acuerdo con el colectivo Visible
- Ciudad de México ocupa el primer lugar en violencia doméstica con más de 31 mil 136 denuncias
- Y el segundo lugar por el delito de violación con más de dos mil carpetas de investigación
- Así mismo, en Ciudad de México desaparecen diariamente 20 mujeres, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
- De enero a octubre del 2022, se registraron 110 asesinatos violentos de mujeres, actualmente sólo 56 están siendo investigados como feminicidios
*Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informe de cierre del año 2022.
En función de estos datos alarmantes, la ministra Yasmín Esquivel ha defendido que el Registro de Agresores Sexuales es necesario para garantizar que todas las personas de la Ciudad de México tengan acceso a información importante para una vida libre de violencia.
“El hecho de que el registro público impugnado tenga por objeto la divulgación de ciertos datos personales como son la fotografía, nombre, alias y nacionalidad de aquellos sujetos que, a través de sentencia ejecutoriada, les fue acreditada su responsabilidad en la comisión de los delitos relacionados con la violencia sexual en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, no se traduce en una violación a los derechos de intimidad, confidencialidad y protección de datos personales garantizados en el artículo sexto de la Constitución, pues hoy encuentran conexión con el tema de interés público que son los altos niveles de violencia sexual cometidos en la Ciudad de México contra estos grupos vulnerables”, aseveró durante la sesión del Pleno.
Información valiosa sobre un pacto patriarcal que se traduce en impunidad
En conversación para La Cadera de Eva con la abogada especialista en género, Ana Karen Flores, señaló que, en el entendido del marco legal, la presunción a la inocencia sí es un derecho fundamental, con ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve compleja, especialmente cuando existe un empuje importante de la Comisión de los Derechos Humanos que indica una violación a la intimidad y a la reinserción social, sin embargo, en esta lectura es necesario colocar en el reflector a dos actores importantes, la perspectiva de género y la suprema defensa de las infancias.
Si bien la SCJN indica que es válido el registro pero sólo para la consulta gubernamental, el acto se vuelve un tanto paradójico cuando se cuestionan las constantes revictimizaciones, la violencia institucional, el sexismo y el pacto patriarcal que se aloja en nuestro Estado. Un patrón que desencadena que las mujeres, infancias y grupos vulnerables no tengan un acceso libre a la justicia; con este registro que quedará en manos de algunos, ¿qué tratamiento se le dará y cómo defenderán las garantías de la ciudadanía?
“Suponiendo que este registro se hiciera público, entonces, representaría una manera de acercar la justicia a las personas que viven procesos largos, sin resoluciones, pérdidas económicas, intimidaciones, violencia institucional (...) las personas podrían ver a sus agresores en esa plataforma pública y eso también representa justicia, pero se vuelve una paradoja porque entonces, si las autoridades son las únicas con la facultad de poseer esta información, pues puede que tenga cierto sesgo, esté alterada o modificada por las mismas personas”, explica la abogada Ana Karen Flores.
En esta misma línea, la activista Yndira Sandoval señala que las resistencias para generar un registro público no son más que un pacto patriarcal que se traduce en impunidad en la vida de infancias y mujeres, tomando a consideración que el 98% de los delitos cometidos contra mujeres no cuentan con un tratamiento específico de denuncia.
Una de las cuestiones a discutir más importante de este registro es que, la principal detractora de la iniciativa es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acto que, Yndira Sandoval, reconoce como “vergonzoso”, pues en principio es muy grave que el máximo órgano a la defensa de los derechos humanos hable de inconstitucionalidad.
¿Cómo se difunde el mensaje de que una persona es agresora?
En conversación con Ana Karen Flores, se coloca un escenario que se torna doloroso, en este relato, se presenta a un infante que ha vivido una situación de abuso sexual por su profesor, ante esto, la madre del menor intenta con desespero acceder a la justicia a través de un proceso tardado y desgastante emocional y económicamente. Las frases que escucha en la fiscalía la mujer es: “El niño no es muy consciente de ello” y a través de procesos donde el infante es cuestionado en múltiples ocasiones para reconstruir los hechos, el acceso a la justicia deja de ser un acto de liberación, para volverse desconsuelo.
El profesor es defendido por otras personas de la comunidad y continuará ejerciendo en impunidad al interior de esa o cualquier otra institución, ¿cómo se difunde el mensaje de que esa persona es un agresor?, ¿de qué otra manera se puede acceder a la justicia y sanar con tu hijo?
Las infancias deberían ser el actor social más importante para el Estado. Su voz y su acceso a la justicia necesitan ser escuchadas más allá que cualquier otro tribunal o derecho, velar por su garantía de vida debe ser supremo para cualquier comisión que defienda los derechos humanos.
“Deben -las niñas y niños- tener acceso a una reparación de daños y a la justicia, no sólo se trata de lo económico, en este caso, ver el nombre de este agresor y que sea reconocido como tal ante la sociedad, eso también es justicia. Algo que es intangible, pero permite sentir cobijo, ser escuchados y dar un soporte emocional para todas las personas que resisten a procesos dolorosos; una herramienta para seguir luchando”, señala la abogada feminista
La Ciudad de México no necesita que el derecho a la información quede estancado en espacios que, muchas veces, son replicadores de la violencia y el adultocentrismo; la capital clama justicia por los miles de niños que son abusados, por las niñas violentadas, por las mujeres que cuando intentan proceder legalmente contra su agresor sexual son ignoradas y revictimizadas. No existen derechos humanos más importantes que otros, pero sí existen feminicidas, violadores, agresores, golpeadores y acosadores que en la comodidad del silencio, se ocultan con libertad en universidades, trabajos, calles, hogares y familia.