Latinoamerica y el Caribe atraviesan una seria desatención respecto al matrimonio infantil, históricamente, es un fenómeno normalizado en el ámbito social y a niveles gubernamentales, es invisibilizado. De acuerdo a información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en nuestra región, una de cada cuatro mujeres menores de 18 años contrajo matrimonio o alguna unión temprana. 

Estas cifras, señala la organización, abonan para que existan otras violencias sobre estas niñas y adolescentes que se encuentran en vulnerabilidad, desde violencia sexual, reproductiva, violencia doméstica y económica, asimismo, se señala la importancia de visibilizar este fenómeno como una realidad imperante en Latinoamérica y eliminar la estigmatización que lo liga únicamente con países africanos o asiáticos. 

Sobre esta línea, Alma Burciaga de la organización Girls, Not Brides, explica para efeminista que nuestra región tiene tasas muy altas de matrimonios infantiles contrario a lo que muchas veces se considera, pues socialmente se atribuyen estas acciones a otros países precarizados en África, sin embargo, la especialista condena que seamos una región tan atrasada en materia de leyes de protección, inclusive, proyecta que a mediano plazo, nuestra región podría superar con creces el número de uniones forzadas con respecto a Asia y África. 

“Mientras que África invierte más recursos y se habla de este tema como una cuestión fundamental de derechos de las niñas y adolescentes, en Latinoamérica y el Caribe esto no sucede. Los gobiernos no invierten y también, hay una falta de posicionamiento en la agenda pública”, señala. 

Países latinoamericanos y violencias estructurales

En un mapeo de información y leyes relacionadas a la protección de las infancias, se encuentra que en países como Perú, Honduras, Belice y Bolivia, el estado permite uniones excepcionales desde los 14 años. 

Asimismo, países centroamericanos con poblaciones menores como Ecuador o República Dominicana, registran más de un millón de niñas en unión informal, número alarmante si se pone en perspectiva que en estos países la población femenina es de 8 millones. 

En contraparte, países con mayor población como Brasil y México, presentan una tendencia proporcionalmente similar. En Brasil, más de 21 millones de mujeres menores de 18 años se han unido o casado, mientras que en México se tiene un registro de 10.2 millones de uniones con menores de 18 y otras 2.3 millones de uniones con menores de 15 años, recoge Unicef.

Una de las situaciones más importantes que se deben poner bajo el lente, es la necesidad de comprender estos fenómenos a nivel estructural, ¿qué grupos son los más vulnerables?, ¿qué necesidades existen?, ¿a qué tienen acceso estas infancias y adolescencias?

“Hay un montón de leyes que incluso criminalizan, pero no se enfocan en las causas estructurales, es decir, identificar por qué una niña o adolescente está siendo forzada a unirse y en algunos contextos, ¿ella lo está decidiendo?, ¿por qué?” (Alma Burciaga para efeminista)

Si bien se puede hablar de algunas leyes que interceden y son punitivas, no son lo suficientemente completas para dar cobijo y protección a las millones de infancias y adolescencias que viven en la vulnerabilidad. Asimismo, la Unicef destaca que existen leyes que castigan el matrimonio infantil, sin embargo, en nuestra región la mayoría de estas uniones son informales y concluyen dentro del mismo círculo comunitario que normaliza estas prácticas, por lo que es difícil aplicar las leyes escritas y tener un registro palpable de todas las menores de 18 años que viven en estas circunstancias. 

Otra de las lecturas más alarmantes es que en Latinoamérica y el Caribe la mayoría de los países superan el 21% de uniones infantiles en comparación con otras regiones a nivel mundial. Este número pone sobre la mesa la gran problemática a la que se enfrenta nuestra región y deja en el aire, cuestionarse por qué los gobiernos han dejado en total rezago y vulnerabilidad a millones de niñas y adolescentes. 

Finalmente, Alma Burciaga hace hincapié en que es necesario dejar de concebir las uniones infantiles/adolescentes como casos aislados que ocurren lejos de nuestras sociedades porque la realidad, es una violencia que se vive en muchas áreas y en distintos contextos, poner el dedo en el renglón, señalarlo y reconocerlo como una práctica violenta que acontece desde las grandes urbes hasta las zonas rurales permite luchar contra su normalización y aceptación social. A manera de reflexión, la especialista cuestiona lo siguiente: 

“¿Cuántas veces en nuestra vida conocimos a alguien a quien su familia o círculo social le dijo que se casara porque había iniciado su vida sexual o estaba embarazada?, no son sólo casos aislados que suceden en comunidades, es un tema de abusos, de desigualdades sociales, de brecha de género, de deserción escolar, de falta de educación reproductiva, de violencias económicas (…), las niñas y adolescentes tienen derecho a oportunidades, protección y opciones válidas de vida”, concluye.