Una buena metáfora para pensar los avances y retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos es la de guerra de posiciones. Con ella se pueden aprehender las acciones y reacciones en torno a esta problemática y cómo diferentes grupos y campañas orquestadas, con posiciones encontradas, luchan, no solamente en México.
Hoy escribo sobre el intento “abortado” de Vox por reducir derechos sexuales y reproductivos en la comunidad autónoma de Castilla y León en España, ubicándolo dentro de un campo más general de intentos (a veces de logros como el de Estados Unidos). Tentativas como ésta no deberían leerse como hechos aislados de las modificaciones a las leyes y derechos de las mujeres, más bien, en línea con lo planteado por David Patternote, profesor de Sociología y Estudios de Género de la Universidad Libre de Bruselas y quien conoce muy bien a los grupos antiaborto, considero que los diversos ensayos, como el de Castilla y León, no van cada uno por su lado, comparten estrategias, referentes y discursos.
Como uno de varios antecedentes, podríamos mencionar la marcha antiaborto que se llevó a cabo en Madrid el año pasado, el domingo 26 de junio de 2022, convocada por diversos grupos que se autodefinen como “provida”, la cual hacía eco de los recientes cambios en las leyes sobre el aborto en Estados Unidos.
Y ahora, recién iniciado 2023, ¿quiénes propusieron los cambios en Castilla y León? Según Juan Navarro “la extrema derecha de Vox ha entrado por primera vez en un Gobierno autonómico en España, de la mano del PP. Y dos personajes que ahora son clave, aparecían en ese momento en una foto sonrientes y con un fuerte apretón de brazos: Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco.
Precisamente, el jueves 12 de enero de 2023, casi un año después, el mismo Juan García-Gallardo (Vox), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, anunciaba que el gobierno autonómico instauraría medidas para las mujeres embarazadas que quisieran abortar y que los médicos les ofrecerían tres opciones:
- La posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores pudieran tener una ecografía en 4D y hablarles de un apoyo psicológico. García-Gallardo también señalaba que en su región se protegería a los profesionales que se negasen a practicar abortos.
El 15 de enero, vía un comunicado el Gobierno de España a través de su Consejo de Sanidad, la vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, expresó su rechazo a dichas medidas anunciadas, asegurando a través de Twitter que "los derechos de las mujeres son irrenunciables" y ha advertido de que el Gobierno de coalición llevará a cabo ‘todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en CyL (Castilla y León) que va contra el derecho al aborto’. En los siguientes días, se irían posicionando los diferentes actores que debaten históricamente sobre el aborto, mientras se avizoraban algunas tensiones entre la derecha y la ultra-derecha acerca de la temática.
Mientras tanto, como sucede al hablar de derechos de las mujeres, otras controversias fueron emergiendo de manera paralela como la de si los gobiernos locales gozaban de la autonomía suficiente como para implementar medidas de este tipo y el límite de dicha autonomía con respecto a los derechos de las mujeres, tanto como los conflictos entre partidos políticos e incluso entre corrientes diversas dentro de los gobiernos de coalición.
Todo ello, por cierto, en un año electoral clave para España, que sin duda ha influido en las declaraciones que el 16 de enero de 2023 realizara el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, negando que se fueran a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas y que las mujeres seguirían decidiendo si querían o no la información. Declaraciones que parecerían mostrar cierta distancia en este tema entre el PP y Vox –sea real o aparente– en un año electoral.
Reacciones desde la defensa a los derechos ganados
La situación detonada por Vox y retomada en el país entero por otros partidos, incluidos sus aliados, los miembros del PP, pegó en otros lugares como en un juego de billar. El 9 de febrero el Pleno del Tribunal Constitucional falló a favor de mantener intacta la ley de 2010, una decisión que había tardado 13 años en tomarse. En efecto, muy poco tiempo después de aprobada la ley histórica del aborto en 2010, el PP –de manera muy similar a lo que ha sucedido en México con las leyes de aborto en varias ocasiones- presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El País, en su editorial del viernes 10 de febrero de 2023, afirmó con mucho optimismo que la decisión del Constitucional otorga a las leyes de aborto una estabilidad que permitirá apartarlas “definitivamente de la lucha partidista”. No creo que sea así. Según escribe en su columna de opinión Máriam Martínez-Bascuñán, lo realizado por el pleno persigue blindar la ley y con ello se “envía un poderoso mensaje internacional” y recuerda la necesidad de un feminismo unido”.
En línea con el argumento aquí planteado, Martínez-Bascuñan finaliza su artículo afirmando que “los avances son difíciles de conquistar, los retrocesos pueden producirse con el efecto devastador de un vendaval”. Así es. El aborto, en tanto derecho sexual y reproductivo, anclado en un cuerpo ha sido un campo de batalla y, sin duda, lo seguirá siendo; es por ello que no debemos olvidar que nos encontramos siempre en una guerra de posiciones, en la que lo ganado rara vez es definitivo y que debemos vigilar los intentos, no aislados, que buscan retrocesos en las leyes de aborto en el mundo.
Por lo pronto, enhorabuena la decisión histórica de España.
Referencias:
El PP llega a un acuerdo con Vox para gobernar juntos en Castilla y León.
Alicia Márquez Murrieta
Doctora en Sociología por el CEMS-EHESS de París. Miembro del SNI. Investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y miembro asociado del CEMS-EHESS, París. Una de sus principales líneas de investigación es analizar la relación entre problema público y acontecimiento en la temática de la "violencia obstétrica".