Hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió en un recinto que albergó un hecho histórico para México ya que la ministra Norma Piña fue nombrada presidenta de la SCJN, luego de pasar 200 años sin que una mujer asumiera tal cargo; este hecho es un avance debido a que la perspectiva de Norma Piña busca priorizar a las mujeres para que cada una de ella tenga una vida digna y libre de violencia, así como a la comunidad LGBTIQ+.

Pero a pesar de que Norma Piña ha llegado a la SCJN para tratar temas como el feminismo, la regulación del consumo de cannabis, la comunidad LGBTIQ+ y el medio ambiente, aún no existe una representación equitativa dentro del poder judicial.

De acuerdo con El País, en los últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito (que equivale al 50% de las nombradas desde 1995), sin embargo, ellas siguen siendo solo el 40% de las titulares de los juzgados, y la brecha se hace todavía mayor cuanto más se sube en los escalones, por ejemplo, de los 11 ministros del pleno, solo cuatro son mujeres: Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, además de la ahora presidenta.

Y México no es el único país donde las mujeres han quedado invisibilizadas dentro del poder judicial ya que en Latinoamérica, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, hasta finales de 2021, la proporción de mujeres ministras en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas de la región era de un 30,4%, así mismo informan que existen diferencias abismales entre distintos países con casos como Guatemala, Panamá y algunas islas del Caribe donde la participación de mujeres en el más alto tribunal supera el 50% y otros donde su presencia es casi inexistente.

Colombia es uno de los países donde las mujeres apenas han comenzado a tener participación dentro de los procesos judiciales con cargos altos ya que tuvieron que pasar 30 años para una mujer estuviera a cargo de la Corte Constitucional de Colombia y fue así como en el año 2022 las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo fueron nombradas como presidenta y vicepresidenta respectivamente, a pesar de esto, la representación femenina en las del país llega solo al 23%, por lo que aún no existe una equidad dentro de las altas cortes.

Por otra parte, en Perú también se ha visto un avance en la presencia femenina ya que la Corte Suprema y el Poder Judicial están a cargo de Elvia Barrios, la primera mujer en ocupar esos cargos; así mismo la Fiscalía general de Ecuador tiene como cabeza a Diana Salazar, una especialista en derechos humanos que además es la primera mujer afrodescendiente en llegar a esa posición.

A pesar de que cada vez más mujeres están ocupando cargos altos dentro del poder judicial, esto no garantiza que los espacios estén regidos por la equidad ya que, de acuerdo con un informe realizado por la Universidad Autónoma de Chile presentado en 2022 sobre la participación de las mujeres en los órganos judiciales de Latinoamérica revela que ese aumento “no significa que estos espacios garanticen igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, ni que respeten los derechos humanos de las mujeres, o sean sensibles al género respecto al acceso a la justicia”.

¿Qué es el techo de cristal?

De acuerdo con InMujeres, el techo de cristal es un término acuñado desde el campo de la psicología para referirse a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura patriarcal que existe dentro de las instituciones.

Se refiere entonces a las restricciones y obstáculos que impiden a las mujeres acceder y/o permanecer en puestos de responsabilidad o de dirección.