Al grito de “ningún agresor al poder”, las mujeres se rebelan desde sus trincheras para limitar la participación en cargos públicos de estos individuos que se convierten en una plaga que extiende sus raíces en nuestras universidades, hospitales, fiscalías, instituciones y organizaciones. 

El hastío de vivir en una sociedad atravesada por el dolor del feminicidio, del acoso, del abuso sexual y del abandono de infancias, orilla a la ciudadanía a impulsar una ley que es refugio y escudo para las mujeres mexicanas. Esta iniciativa no nace desde un órgano intermediario, ni se cuelga la placa de algún partido político, sino que nace desde el feminismo y de las mujeres que resisten allá afuera a las violencias sistémicas. 

La participación ciudadana y de organizaciones civiles hizo posible que la iniciativa Ley 3 de 3, fuera la primera ley ciudadana sometida a consideración del Congreso. Estos son los pilares sobre los que se sostiene esta ley. 

  • La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales para todo funcionario, de forma periódica y pública.
  • Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
  • Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
  • Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
  • Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
  • Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
  • Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
  • Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. 
  • Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.

Una Constitución Mexicana que no se cumple

En un país donde la violencia se vive de manera preponderante, podría parecer impensable que estos funcionarios públicos estén a la cabeza de nuestras instituciones: deudores morosos, alimentarios, golpeadores, violentadores y acosadores. Todos ellos están en la fila de la política.

La Constitución Política de los Estados Mexicanos “prevé” esta clase de comportamientos dentro del artículo primero, en el capítulo “De los derechos humanos y sus garantías”, textualmente, nuestro máximo código determina lo siguiente:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Dentro de este mismo apartado, se nos habla de la priorización para el estado mexicano de velar por las garantías de las infancias: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo”. 

Es así que se puede hablar de que, efectivamente, las leyes existen, sin embargo no se acatan. 

No se acatan cuando una mujer vive violencia vicaria, vive un proceso revictimizante, doloroso, de idas y vueltas a juzgados, de un profundo gasto económico y emocional, sólo para que, después de unos meses, encuentre el nombre del deudor alimenticio y agresor en una boleta para candidato. La impunidad, la rabia, el saber que los agresores tienen la facultad de continuar ejerciendo labores públicas donde, supuestamente, deben velar por los derechos de las personas, priorizando a las infancias y mujeres, es sin más, una acción que oscila lo denigrante y burlesco. 

En conferencia, la politóloga feminista, defensora de los derechos humanos, enfocada a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, Yndira Sandoval cuestiona precisamente estas prácticas. 

¿De qué democracia pueden hablar en un país donde nos violan, torturan, explotan, comercian?, ¿de qué democracia se atreven a hablar? Llegar con esta propuesta desde el feminismo ratifica la vocación de este movimiento revolucionario y participativo; el feminismo coloca las causas más justas al frente. 

Un pacto patriarcal de acero 

La doctora y maestra en derechos humanos, Patricia Olamendí; la diputada de Yucatán y licenciada en derecho, fomentadora de la 3 por 3 en Yucatán, Carmen González Martí; la impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz; y la defensora de derechos humanos, Yndira Sandoval, fueron protagonistas del foro “3de3VSlaviolencia” en donde se discutió sobre esta ley, la importancia de extenderla a todo el país y sobre todo, la urgente necesidad de romper el pacto patriarcal preponderante de todo espacio público - político.

Las aversiones que surgieron en torno a esta ley, no son más que un pacto patriarcal que se traduce en impunidad en la vida de las infancias y de las mujeres. Una de las pruebas más fehacientes de este fenómeno es que el 98% de los delitos cometidos en contra de las mujeres, no cuentan con sentencia, juicio o un seguimiento, denuncia Yndira Sandoval. 

Paralelamente, la maestra Patricia Olamendi señaló que, nuestros servidores públicos no son personas que velan por los derechos humanos como lo dicta nuestra constitución, sino todo lo contrario, son personas que tienen denuncias muy serias en su comportamiento y que hoy tienen la valentía de levantar la voz en contra de la 3 de 3 por considerarla una violación a su derechos. 

“Es momento de que inicie una era de decencia en nuestro país, aunque yo sé que esta es una palabra muy difícil de entender en la política, pero es necesaria para anular la violencia que es cotidiana para los niños, niñas y mujeres. Eliminemos de nuestras representaciones a todos estos personajes” (Patricia Olamendi) 

Y es que, durante la discusión, las especialistas convergieron en la “vergonzosa” postura que tomó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues estos agresores (retractores), se ampararon en este órgano y se les concedió la razón al considerar anticonstitucional la 3 de 3, por violar las garantías individuales de cada persona, ¿por qué se habrían de defender los derechos de personas que violentan?

“Lo único a lo que le temen estos señores es pisar la cárcel, mientras que las mujeres resistimos, nos desgastamos, pagamos abogados y nos enfrentamos al sistema. Recordemos por ejemplo al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que intentó quitar la punibilidad de los deudores alimentarios”, comentó la activista en favor de los derechos de las infancias, Diana Luz.

No sólo se trata de abrir un registro público donde se tenga acceso a una información transparente y actualizada de todos los hombres que ocupan funciones en las instituciones, sino también, es necesario hacer un ejercicio de reflexión que nos oriente a preguntarnos el porqué, a sabiendas que los candidatos son, por ejemplo, deudores o violadores, se les brinda la total oportunidad de lanzar sus campañas, ¿en qué momento el Estado permite con total injusticia que estas personas tomen las decisiones?

La 3 de 3 rompe el techo de cristal en un país patriarcal y de la mano de las colectivas, de las compañeras mujeres, de las feministas y de las aliadas que resisten en las Cámaras de Diputados, se intenta que esta ley llegue a todos los rincones de México, que pase por las rectorías, las fiscalías, los hospitales, las universidades y los partidos políticos; las mujeres no pueden continuar viviendo bajo el yugo de la violencia pública. 

“Ni un manipulador más en algún puesto gubernamental, es momento de que las mujeres podamos exigir lo que nos corresponde y más aún, en una sociedad tan descompuesta y patriarcal”, sentenció la diputada Carmen González Martín. 

Esta ley se convierte en paraguas para todas las personas, una defensa por los derechos humanos y también, es un llamado para acuerparnos a esta lucha que nos compete a todas y que nos libra de vivir los dolores, el acoso, la amenazas y el hostigamiento que durante décadas, las mexicanas han resistido en silencio. 

La ley 3 de 3: por la justicia y una vida sin violencias

Es 2016 y María de Jesús Jaimes, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, acudió en compañía de sus amigos y un profesor de la universidad a un karaoke en la Ciudad de México y posteriormente, planearon dirigirse al departamento de un compañero para continuar una celebración. 

La tarde pasó como cualquier otra en la capital, hasta que entrada la noche, Yesenia Zamudio, madre de “Marichuy”, como le gustaba llamarla, recibió una llamada: su hija había tenido un accidente y se encontraba grave. Después se sabría que  la joven de 19 años había perdido la vida.  

¿Qué había pasado?, ¿por qué un docente se encontraba en el lugar?, peor aún, el hombre argumentó que la joven había perdido la cabeza y había decidido lanzarse por la ventana del departamento. 

En aquel momento, la fiscalía creyó en la versión de los dos feminicidas, el docente Julio Iván Ruiz Guerrero y su compañero Gabriel Eduardo Galván Figueroa. 

Ante un sistema revictimizante y donde la misoginia es infaltable en los pasillos de nuestras fiscalías, se cuestionó el motivo por el que María de Jesus Jaimes se encontraba bebiendo en compañía de varones: “ella se lo había buscado”.

El paradero del feminicida Julio Iván Ruiz es desconocido, quizás anda en algún rincón de nuestra República con total impunidad dando clases, mientras que, Yesenia Zamudio encabeza las marchas feministas destruyendo con rabia todo a su paso, exigiendo justicia por su hija. 

La comunidad politécnica daría a conocer en redes sociales que el docente era en realidad un acosador directo de Marichuy y otras estudiantes. 

Que hombres machistas, acosadores y abusadores sean colocados en posiciones de poder, que ejerzan labores públicas en nuestras instituciones, organizaciones, hospitales, órganos gubernamentales y que además, tengan la facultad de tomar decisiones en nuestro país, vulnera a las mujeres, a las estudiantes, a las trabajadoras y en general, a todos los grupos vulnerables de la nación. 

La Ley 3 de 3 lleva el nombre de millones de mujeres que han sido violentadas, de las infancias que fueron desprotegidas por padres ausentes, de las estudiantes que encaran al docente acosador y al rector misógino, de las mujeres en la política que son ninguneadas por sus superiores, de las mujeres que denuncian en redes los golpes y amenazas de gobernadores, de las mujeres que lloran la pérdida de sus hijas que fueron desaparecidas por algún político estatal. 

La sangre de las mujeres se siente destilar cuando las noticias se tapizan de historias que nos hablan de un estado corrupto y donde el pacto patriarcal acoge a estos individuos en total impunidad.  La Ley 3 de 3 no es solamente una lucha por nuestra democracia, es también una lucha por la justicia y la libertad. Las mujeres y las infancias no pueden continuar viviendo a las sombras del hombre agresor y que además, es cargado de poder.

Las mujeres continuamos aquí, las mujeres ahora también somos guardianas para que se extienda la 3 de 3. No habrá ningún rincón en el país sin vigilar. ¡Por una vida sin violencia para las mujeres e infantes de nuestro país!