Frente al Hemiclo a Juárez varias mujeres vestidas de novias se pronunciaron en contra de la violencia vicaria y exigieron a los deudores alimenticios responder ante sus obligaciones legales. La vocera, Ingrid Tapia, habló sobre su caso que fue el que impulsó la iniciativa Caso 992.
No somos la novia, la novia es la que entra al templo queriéndote, somos la esposa dejada que salió del templo y tiene que cuidar de sus hijos sola, explica Ingrid a los medios.
Fotografía por: Ana Paula VB.
Mientras repartían hojas con información precisa sobre la iniciativa, Ingrid declaró que el contingente avanzaría hasta el Senado de la República para exigir que la iniciativa sea tomada en cuenta para proteger a las mujeres que maternan solas y hacer que los padres que han abandonado y ejercido violencia vicaria ante sus hijos se hagan responsables ante la ley.
Por su parte, el próximo 4 de octubre, las mujeres marcharán hacia la Cámara de Diputados en San Lázaro para exigir que la iniciativa sea aprobada.
El caso de Ingrid Tapia
En el año de 2006 un padre agredió física y psicológicamente a sus tres hijos, esto fue un mecanismo para violentar de manera indirecta de violentar a su ex pareja y madre de los niños, actualmente esas acciones se conocen como violencia vicaria.
La violencia vicaria es un neologismo aplicado en el ámbito de la violencia de género que denomina a una forma de violencia por interpósita persona por la que un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre, se lee en el pronunciamiento.
Después de las agresiones, la madre logró sacar a sus hijos del domicilio y tuvo que resguardarse durante dos semanas hasta que el hombre la despojó de todos sus bienes materiales y documentos de identidad, evitando así que ella pudiera sostener económicamente a sus hijos.
Durante poco más de 16 años, el agresor logro evitar sus obligaciones parentales, esto con ayuda de las autoridades y a pesar de que en 2019 el Juzgado 14 de lo Familiar de la CDMX lo encontró después de tres años de búsqueda en diversos domicilios falsos, el hombre continúa evadiendo sus responsabilidades legales.
Esta situación de violencia vicaria fue bautizada como Caso 992 y se ha convertido en una iniciativa de ley es que es parte de un movimiento feminista, de madres solas, hijas e hijos abandonados, que expresa la grave situación que padecen miles de infantes y mujeres en el país pues, estadísticamente, no existe ninguna familia mexicana que no cuente entre sus familiares con al menos una mujer con hijos en condición de abandono total, afirma el pronunciamiento de Caso 992.
De acuerdo con Ingrid Tapia, víctima de violencia vicaria y quien comenzó a impulsar la iniciativa de ley con base en su experiencia, cerca del 40% de las mujeres que maternan solas no reciben el apoyo económico correspondiente por parte de los padres, por lo que sólo 1 de cada 4 niños de padres separados recibe la pensión correspondiente.
Ingrid afirma, conmovida, que en el mes de marzo de este año pudo por fin divorciarse del que fue su “esposo” durante 30 años y quien es acusado de ejercer violencia vicaria y lastimar física y emocionalmente a sus propios hijos, Leonel Ramírez Farías, ha logrado evadir sus responsabilidades legales debido al puesto de trabajo en el que se desenvuelve, escondiéndose en Palacio Nacional y usando a terceros para falsificar sus direcciones.
Debido a las redes de apoyo que ha tenido Ingrid a lo largo de todo el proceso penal, ha logrado impulsar esta iniciativa en donde se pretende proteger a las mujeres que no cuentan con estos apoyos externos.
Mi caso no es relevante porque yo sí tengo, a diferencia de muchas de mis compañeras, tejidos sociales y tuve la fortuna de haber accedido a la educación, pero ese no es el caso de la mayoría de mujeres. Mi caso es relevante porque es muy común y porque he vivido todas las formas de violencia más el ocultamiento, pero ¿qué pasaría con las mujeres que no tienen este tejido social para apoyarse?, comenta Ingrid Tapia.
Esta iniciativa busca proteger a las madres y las infancias de la violencia que ejercen los padres en su contra y evitar que las madres sean quienes deban presentar a los deudores alimenticios ante las autoridades.
La Ley 3 de 3 establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y las empresas, contemplando aspectos como la definición de las conductas que deben ser consideradas como corrupción, así como la publicidad de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.
Y es precisamente la iniciativa de ley Caso 992 que propone caminar de la mano con esta ley, para así eliminar la protección de las personas que se encuentran en puestos de gobierno, afirma Ingrid. Entre las propuestas se encuentran:
La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.