El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, firmó un decreto para obligar a cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo a escuchar los latidos del feto antes de aceptar el procedimiento, Esta ley comenzará aplicase a partir del 15 de septiembre, y se establece que en el formulario de solicitud de irrupción del embarazo, el ginecólogo debe mostrar a la mujer una “clara identificación de los signos vitales del feto”.
La actual ley sobre el aborto que ha estado en vigor desde 1992, determina que entre las semanas 12 y 24 de gestación, la mujer puede optar libremente por el aborto, sin más requisitos que su propia decisión. En casos excepcionales, generalmente por razones médicas, cuando hay diagnósticos de una patología en el feto incompatible con la vida o peligra la vida de la mujer, puede practicarse el procedimiento con más semanas de gestación.
El gobierno de Orbán es conocido por tener una administración ultraconservadora y se ha mantenido en el poder desde hace 12 años. A pesar del decreto afirman que no tienen ninguna intención de restringir el derecho a las mujeres, la decisión recordó que en 2020, Hungría firmó la declaración del Consenso de Ginebra, en el que junto a Estados Unidos, Brasil, Egipto Polonia y Uganda, defendían la familia tradicional y condenaban el aborto.
Organismos internacionales en contra
La ONG Amnistía Internacional calificó la medida de "preocupante retroceso". Esta decisión, tomada "sin ninguna consulta", hará "más difícil el acceso al aborto" y "traumatizará aún más a las mujeres que ya se encuentran en situaciones difíciles", declaró su vocero Aron Demeter.
Desde que retornó al poder en 2010, Viktor Orbán ha multiplicado las medidas de control de la natalidad, orientando a su partido político, el Fidesz, hacia una visión cada vez más conservadora y religiosa y desde la entrada en vigor de una nueva Constitución a principios de 2012, Hungría defiende "la vida del feto desde la concepción". Unos meses antes, el gobierno había financiado una campaña antiabortista con fondos europeos, lo que provocó críticas de la Comisión Europea.
APVB