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Niegan aborto a niña indígena en Guerrero; abusos ocurren con impunidad, acusan

La violencia contra las mujeres y las niñas no cesa en La Montaña de Guerrero; afirman

Escrito en LA CADERA DE EVA el

El embarazo en niñas y adolescentes es una problemática urgente de atender en México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Por otra parte, según la organización Aldeas Infantiles SOS, México también ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. 

Los médicos y el personal del hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo se negaron a practicarle el aborto a una niña de diez años el 14 de febrero, a pesar de que sus familiares presentaron un oficio del Ministerio Público para la interrupción legal del embarazo.

Testimonios afirman que la menor vive con sus abuelos por su condición de orfandad, pues sufrió abandono por parte de su padre y su madre fue víctima de feminicidio. La niña habría sido violada por su primo de 12 años de edad. 

La consecuencia de dicho abuso fue el embarazo, por lo que los familiares acudieron a una agencia del Ministerio Público Especializada de Justicia Penal para Adolescentes, donde se les autorizó la interrupción legal del embarazo, por la violación de la menor por parte del adolescente. 

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Violencia institucional 

En el hospital en lugar de practicarle el aborto a la menor de origen me’phaa y habitante del municipio de Acatepec; el personal regañó a los afectados y solo le realizaron un ultrasonido a la menor, sin que le dieran la atención necesaria a la niña o informaran sobre los riesgos que el embarazo implicara para su salud. Indicaron que en el hospital les pidieron dar seguimiento al embarazo y les hicieron firmar un documento en el que se comprometían a volver cada mes para una revisión.

Estas acciones son consideradas violencia institucional, que según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como Violencia Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”

Luego de que el caso se hiciera mediático, la Secretaría de Salud de Guerrero, emitió un comunicado en el que asegura que a la paciente y a su tía “se le brindó información objetiva y veraz sobre los riesgos que conllevaría la interrupción del embarazo”, lo que contrasta con los testimonios de los familiares.

La dependencia estatal agregó que el miércoles 16 de febrero se recibió a la niña en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense para realizarle una nueva valoración, donde se estableció que se realizará la interrupción del embarazo de la menor en la unidad de cuidados intensivos del hospital.


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Cabe resaltar, que la menor se encuentra cerca de las 12 semanas de embarazo, el límite máximo para considerar la interrupción legal. Por lo que retrasar el legrado, además de violar sus derechos, pone en riesgo su integridad.



Por otra parte, si el embarazo hubiese continuado como lo indicó el personal del hospital Raymundo Abarca, la vida de la menor también estaría en riesgo; no sólo a causa del embarazo, sino también de la revictimización y violencia al negarle el acceso al aborto. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal. Mientras que el embarazo en niñas y adolescentes representa riesgo como infecciones, roturas prematuras de membranas, partos prematuros y mortalidad materna.



¿Y a las niñas quién las protege?



El actual gobierno del estado de Guerrero ha reiterado que la violencia en contra de las niñas y mujeres de la región de La Montaña, es una prioridad y que no sería permitida durante su gobierno.



En noviembre de 2021, la gobernadora Salgado Pineda se presentó en el municipio de Tlapa para anunciar la “Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de La Montaña y Costa Chica”.



Sin embargo, tras cuatro meses del anuncio, el gobierno estatal sigue sin transparentar los recursos de dicha estrategia. Tampoco se han implementado acciones concretas para atacar las condiciones de violencia y abuso que viven las mujeres de La Montaña en Guerrero.

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En diciembre de 2021,  se informó que Guerrero fue la primera entidad en todo el país que no entregó evidencia alguna sobre el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).



Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó a Salgado Pineda a cumplir con las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, y a no seguir con la omisión.}




Con información de Publimetro