Un amparo de la justicia federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) que investigue el actuar del secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales en torno a la detención de Francisco Monge Araiza, funcionario del exgobernador Guillermo Padrés, en septiembre del 2016.
Gabriel Regino García, abogado que lleva el caso de quien fuera titular del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) declaró que la denuncia va en el sentido de la detención considerada arbitraria al sacarlo de su domicilio sin orden de cateo y sembrándole evidencia incriminatoria.
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El titular de seguridad pública se negó a ofrecer información que avalara la legalidad de la detención de Francisco Monge.
“Por esos hechos es que se presentó esa denuncia porque son hechos gravísimos en la vida, el objetivo de la denuncia es que se identifique quien ordenó un operativo de esa naturaleza y quienes participaron, pero el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora prácticamente guardó el expediente en el cajón.
Dijo que la demanda la interpuso en julio de 2017 y, al no mostrar avance decidió recurrir a un amparo de la justicia federal, juicio que fue resuelto a su favor hace dos semanas, por lo que, a partir de esta fecha la FAS tiene un plazo de 30 días para mostrar avance en la investigación.
En marzo pasado, un juez federal declaró inocente a Francisco Monge Araiza de los delitos de Portación de Arma de Fuego, contra la Salud y Cohecho.
Aclaraciones se harán en tribunales: Secretario de Seguridad
Cualquier aclaración sobre su labor al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, la realizará en los Tribunales en caso de requerírsele, respondió Adolfo García Morales, secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Pavlovich, referente a la denuncia en su contra presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por Francisco Monge Araiza.
El funcionario estatal aseguró que no ha sido notificado por la autoridad judicial sobre una supuesta demanda por la detención del ex titular de Cecop en el sexenio Padrés.
“Yo no tengo nada que ver con eso, no tengo ninguna notificación al respecto y no voy a hacer declaraciones más que en los tribunales”, afirmó.
El llamado tanto para Monge Araiza como para su abogado, dijo, es que litiguen en los tribunales no en los medios de comunicación.
Este lunes el abogado Gabriel Regino García informó sobre un amparo de la justicia federal que ganó contra la Fiscalía Anticorrupción para obligarla a que dé seguimiento a la investigación contra García Morales.
“Yo no voy a emitir ninguna opinión, quien quiera decir misa, que diga misa, yo no litigo mediáticamente, yo no tengo notificación de nada, sí él dice pues que diga misa”.
“Me acusaron sin pruebas”
Francisco Monge Araiza, ex coordinador del Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública se presentó el 15 de diciembre de 2017 ante el juzgado tercero de distrito del Poder Judicial Federal donde se llevaría a cabo una audiencia por acusación del delito de mal uso de atribuciones y facultades por el desvío de 28 millones de pesos durante su gestión en el sexenio de Guillermo Padrés.
Media hora después de su ingreso a los juzgados, Monge Araiza salió y declaró que la audiencia fue pospuesta debido a que la mujer de nombre Ramona Angélica Rascón Blanco quien interpuso la denuncia en su contra no se presentó a declarar.
"Esta denuncia es que porque una persona cinco niveles abajo del mío, cometió una omisión, ella lo descubrió y me denunció, lo curioso es que las obras están hechas ellos las terminaron, las pagaron y yo soy el acusado, ellos descubren la omisión; sin embargo, pagan los finiquitos y las estimaciones, va y la inaugura la señora gobernadora y todos contentos, pero hay que irse contra uno".
Detalló que se trataba de 4 parques en Hermosillo en los cuales se omitieron números de teléfonos y detalles administrativos en los contratos.
Agregó que tenía en su contra otra denuncia por venta de droga y daños contra la salud, lo cual aseguró era falsa, delito por el cual fue encarcelado en septiembre de 2011 y logró salir tras pagar una fianza de 3.8 millones de pesos.
Ante la Fiscalía General del Estado mencionó que también interpuso demandas en contra de los policías que lo detuvieron, por agresiones y actos de tortura que sufrió en su aprehensión.
mvf