El juez de Tecate, Baja California, José Manuel Castro Valenzuela, designó a un interventor de México para revisar la administración de la segunda empresa más importante del país y la quinta productora mundial de vehículos, Hyundai.
También ordenó congelar el 50 por ciento de las cuentas de la empresa en Banamex y de otra sucursal bancaria y a la matriz coreana y a las mexicanas, y a los titulares de ocho aduanas.
Esto se debe a la demanda mercantil que presentó Daniel Gutiérrez Topete, ex distribuidor de Hyundai, ya que pretende que se le reconozca como “socio industrial” de la empresa, teniendo derecho al 50 por ciento de las utilidades que se han generado desde el 2009.
Además, demandó que la empresa le siga financiando la compra de vehículos y que se registren como suyas al menos siete marcas de autobuses.
La relación de Gutiérrez con Hyundai inició en 2009, en un restaurante de Seúl, cuando el secretario particular del presidente de la empresa, Chung Mong-Koo, “elevó su mano derecha y la depositó en mi pecho, a la altura de mi corazón, para decirme en tono solemne que, por instrucciones de Mong-Koo, me hiciera cargo de todo lo necesario para abrir el comercio de productos Hyundai en México”.
Hyundai tenía demandada a Vitese, empresa de Gutiérrez. Éste se quedó sin dinero para pagar los autobuses que distribuía, adquiriendo 13 millones de dólares, pero en 2013, no cumplió con un convenio de capitalización de deuda, lo cual lo obligaba a vender su empresa a otros inversionistas.
La empresa coreana rechazó la oferta de 3 millones de dólares para devolver los autobuses.
Con información de Reforma
atm