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El otro "Marco", el que desapareció en el Barrio de Otumba

De acuerdo a activistas, las desapariciones forzadas son un acto recurrente en el Estado de México para extorsionar a jóvenes

Escrito en METRÓPOLI el

TOLUCA.-  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) abrió una queja de oficio por el caso del joven que fue desaparecido a manos de policías municipales de Valle de Bravo. Radicada con el número CODHEM/TOL/82/2018, la queja se inició el jueves cuando el tema se dio a conocer a través de los medios.

Según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cinco elementos de seguridad fueron detenidos y puestos a disposición de un juez por su presunta responsabilidad en delito de desaparición forzada.

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Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2017, cuando los policías aseguraron a un joven de 21 años de edad en un negocio del Barrio de Otumba, en Valle de Bravo; de acuerdo con la Fiscalía, los elementos policíacos  entregaron al muchacho a miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

Derivado de este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos resolvió abrir una queja de oficio contra el ayuntamiento de Valle de Bravo para determinar con mayor precisión  qué ocurrió.

En entrevista con La Silla Rota, Víctor Delgado, visitador general de la Codhem, informó  que solicitarán a las autoridades involucradas los informes correspondientes sobre el caso y entrevistarán a los padres del joven.

“Conocer cuestiones más técnicas como el parte de novedades, cuáles fueron las asignaciones para los elementos policiacos, las actividades que realizaron el día en que se registró el acontecimiento, las unidades que tenían a su cargo, si poseían armas, entre otros aspectos. Conforme a los datos recabados iremos armando en qué circunstancia desapareció el joven”, indicó.

Asimismo, dijo que el organismo defensor solicitará el informe al Tribunal  Superior de Justicia para conocer en qué términos se lleva el proceso de los implicados, incluso “acudiremos al penal de Almoloya de Juárez, donde están recluidos, para entrevistar a los policías”.

El organismo defensor aseguró que solo tiene conocimiento de nueve casos similares, aunque no precisó en qué periodos fueron radicadas las quejas.

El año pasado la Comisión recibió un total de 8, 527 quejas, en la mayoría de las cuales, la autoridad señalada como responsable son los Ayuntamientos, seguidos de la Fiscalía.

Víctor Delgado precisó que cuando la Codhem recibe las quejas, en varios  casos se advierte que podrían derivar en una probable desaparición forzada, sin embargo, conforme avanza la investigación se concluye que no  hay tal violación.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., comentó que las desapariciones forzadas son un acto recurrente en el Estado de México para extorsionar a jóvenes, pero al no denunciarse las autoridades no los contabilizan.

“Los retienen unas horas, los extorsionan y después los liberan por eso podríamos decir que son desapariciones forzadas transitorias (…) al haber policías municipales involucrados y no haber confianza en los Ministerios Públicos, las personas no denuncian”.

Este delito, dijo, se comente en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Atlacomulco, aunque admitió que la Asociación que preside no tiene registro de algún caso reciente

La desaparición forzada se tipificó en octubre de 2017, en una ley general aprobada por el Congreso de la Unión. Según las autoridades mexiquenses, el de Valle de Bravo es el único caso del que se tiene registro.

Una vez que se acredite la desaparición forzada, el organismo defensor de los derechos humanos dará vista a las autoridades correspondientes a efectos de que inicien la responsabilidad administrativa o penal contra los servidores públicos.

ams