El gobierno de la Ciudad de México es señalado por irregularidades en la entrega del tercer proyecto de construcción de la vía ferroviaria del Tren Interurbano México-Toluca, una obra con r valor de 10.426 millones de pesos.
Un experto del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, que fungió como testigo social, se negó a avalar los procesos de la licitación, informó El País.
El testigo señaló en el fallo del concurso que no suscribe la legalidad del procedimiento, ni la ejecución de quienes intervinieron.
Posteriormente, el testigo pidió en un informe que se llevara a cabo una nueva evaluación y la forma en que, pese a la envergadura del proyecto, se puntuaron las propuestas presentadas, pues considera que no hay claridad en los criterios utilizados en la evaluación.
De acuerdo con el rotativo, la Dirección General de Obras Públicas capitalina negó las acusaciones del testigo y señaló que son opiniones “subjetivas”; también afirmó que se cuidaron todos los aspectos del concurso para que “fuera limpio” y que ninguna de las empresas que perdió el concurso ha presentado al día de hoy un pliego de inconformidad.
Este concurso fue concedido a un grupo de empresas mexicanas liderado por Caabsa, una firma presidida por Luis Amodio Herrera, con una de la ofertas más cotosas.
Al menos 70 millones de pesos más barato que el ganador era el proyecto presentado por Isolux de México, junto con Impulsora de Desarrollo Integral y Equivent, pero fue descartada por “insolvencia técnica”.
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A esa propuesta le seguía la de Sacyr-Mecano-Primex, 11 millones más barato, que la propuesta ganadora y después una de Carso, solo 8 millones más barata.
El consorcio Caabsa cuenta con la participación de Omega Construcciones, Cargo Crane y González Soto Asociados, entre otros.
Fuentes empresariales relataron que el proceso fue cerrado con una celeridad poco habitual para un proyecto ferroviario, según dice el rotativo.
Asimismo, destacó que desde la convocatoria hasta su resolución el pasado 11 de diciembre solo pasó un mes, periodo de tiempo en que se publicaron las bases, la visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, la presentación y apertura de proyectos; y su evaluación final.
La última fase del proyecto se resolvió en seis días a pesar de la magnitud de la obra.
En el documento final, Guillermo Moreno Anaya, el testigo del Instituto Mexicano de la Auditoria Técnica, no avala las determinaciones de la Secretaría General de Obras Públicas; así como tampoco la “legalidad de procedimiento ni de su ejecución ni de quienes intervinieron en sus actos”.
Y en un informe posterior dirigido al gobierno capitalino expuso que entre los factores que llamaron su atención están las 12 personas que intervinieron en la evaluación de las propuestas y que 11 no han acreditado la relación que guardan con la convocatoria.
En ese sentido, el experto demandó que se justifique la intervención mayoritaria de personal externo en el proceso de selección.
A su vez, Enrique Takahashi, director de Procedimientos de Licitación, confirmó a El País la presencia del testigo, quien “revisó todo”.
En cuanto a los 11 evaluadores externos, explicó que se debe a las características y número de su personal, por lo que se contrató a una empresa externa con experiencia y que el proceso fue rápido debido a que se formaron grupos de cinco personas para evaluar cada propuesta.
El funcionario también expuso que la evaluación se entregaban puntos con base en un criterio común y al final se entregaba el proyecto a quien más puntos tuviera, más no al más barato.
cbl