La inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala acusó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México de actuar con arbitrariedad y pasar por encima de resoluciones judiciales en el caso de la denuncia por extorsión contra Teresa Pérez Romo.
Javier Coello Zuarth, abogado de la denunciante, afirmó que más allá de que el Subprocurador Jurídico capitalino, Jorge Mirón, cuestione la resolución del juez que responsabiliza a la PGJ de desacatar una suspensión, el hecho es que la dependencia no quiere investigar.
"El punto aquí importante que debemos de resaltar es la parcialidad con que se maneja la Procuraduría respecto al asunto. Si el fondo del mismo es que se desahoguen ciertas pruebas, a las cuales nosotros tenemos derecho a que sean desahogadas en la etapa de la averiguación previa, ¿por qué no lo hace?”.
Puedes leer: PGJ violó una disposición judicial en el caso López-Dóriga
"¿Por qué ellos insisten en darle 'carpetazo' o determinar (la averiguación) con una inactividad de desahogo de probanzas y en una indagatoria donde solamente se desahogaron 5 o 6 pruebas que nosotros mismos ofrecimos?", cuestionó.
De acuerdo con información de Reforma, el defensor dijo que la PGJ no ha hecho lo necesario por interrogar a 39 condóminos del edificio donde vive la denunciada, incluido su esposo Joaquín López Dóriga, una omisión que un juez federal ordenó reparar, a través de una sentencia de amparo.
Dijo que esta es una diligencia clave, porque aclararía si el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba actuó por cuenta propia o a nombre de los condóminos al pedir los 5 millones de dólares a Abilia, a cambio de que el Gobierno capitalino no suspendiera la obra en Rubén Darío 225.
"No agotan la investigación respecto a si el abogado pidió estos 5 millones de dólares a nombre de los condóminos, los pidió a nombre propio y cómo es posible que la gente del Gobierno de la Ciudad de México haya, después de días, presentado el juicio de lesividad contra Abilia, que fue la amenaza precisamente que dio el abogado hacia nosotros cuando pidió los 5 millones de dólares”.
"Todo hace falta investigar, no entiendo por qué la Procuraduría ahora no quiere investigar y desahogar esas probanzas y se ha convertido en una batalla, a través de los amparos, respecto de un punto muy importante, el desahogo de ciertas pruebas", aseveró el abogado.
Indicó que, pese a todas las dificultades, espera que la PGJ reconsidere la postura que ha mantenido hasta ahora y que resuelva el recurso de inconformidad, que presentó contra el no ejercicio de la acción penal, con apego a la legalidad.
Con información de Reforma
vsv