El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) avaló la propuesta del formato para recabar las declaraciones patrimonial y de conflicto de interés, propuesto por el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
El INAI acordó proponer en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que es el que finalmente debe aprobar el formato, que éste aplique tanto para la administración que concluirá su encargo el próximo 30 de noviembre como para aquella que iniciará el 1 de diciembre.
En julio próximo, el Comité Coordinador decidirá sobre la aprobación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos.
Esta ponencia llama respetuosamente a sus integrantes a cuidar que su entrada en vigor sujete tanto a los servidores públicos que dejarán sus puestos al término de la actual administración, como a los que ingresarán al inicio de la siguiente. Esto garantizará que todos los funcionarios, sin excepción, rindan cuentas", expuso el comisionado Joel Salas.
El formato aprobado, explicó el comisionado Óscar Guerra, está dividido en cinco apartados:
- Información personal
- Intereses
- Ingresos
- Activos
- Pasivos
La propuesta original del CPC remitida al INAI, detalló Guerra, estaba conformada por 555 campos de información, sin embargo, el INAI lo modificó para agregar 300 campos más con la intención de ordenar, sistematizar y tener un mejor manejo de la base de datos.
Los ciudadanos podrán vigilar la evolución del patrimonio de los servidores públicos (Imagen de El Gráfico de Tamaulipas)
De esos 855 campos, el 10 por ciento, o sea 88, son públicos por ministerio de ley, o sea, no quedan a discusión, son públicos porque alguna ley así lo establece; el 28.3 por ciento, 242 datos, son confidenciales, son datos personales, ya sea del propio servidor público, de sus cónyuges, familiares cercanos o de terceros indirectos.
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También, hay que decir, que la gran mayoría, el 61.4 por ciento, 525 datos, serán abiertos por causa de interés público", expuso.
Esta última parte es la que permitirá a los ciudadanos vigilar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, de su círculo más cercano y las relaciones de conflicto de intereses que puedan generarse.
Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra recordó que una vez que el formato sea aprobado por el Comité Coordinador, alrededor de cinco millones de funcionarios públicos, de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes y de los órganos autónomos, estarán obligados a llenarlo.
Con las nuevas normas, derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló, ya no quedará al arbitrio de cada funcionario hacer públicas sus declaraciones, sino que todas lo serán y sólo se mantendrá en la confidencialidad los datos personales y sensibles sobre los que no aplique la prueba de interés público.
mlmt