Monterrey, N. L.- Grupos opositores a la Ley antiaborto aprobada por los diputados de Nuevo León, preparan un recurso de impugnación en busca de echarla abajo y en cuyos argumentos destaca el de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, Sofía Velasco, quien afirma que no es procedente otorgar el estatus de persona a un embrión.
En contrapartida, asociaciones civiles, grupos religiosos defensores de la familia y de la vida como católicos, cristianos y evangélicos entre otros, celebran todavía la aprobación del artículo 1 Constitucional de Nuevo León, en él se determina que el feto es considerado como persona desde el momento de la concepción, es decir, con esto se cierra la puerta para que en el estado pueda hacerse legal el aborto.
Con la participación de liderazgos de organizaciones sociales, asociaciones civiles y religiosas, quedó conformado el Consejo Consultivo del capítulo cristiano evangélico de Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, que también asume la defensa del derecho a la vida y apoya la Ley antiaborto.
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Juan Manuel Alvarado, activista pro vida en Nuevo León, da nombres y grupos que se unen y está seguro de que el respeto a la vida en Nuevo León, llegó para quedarse.
Considera que ahora debe respetarse el derecho de las mayorías y la aprobación de la Ley, por lo que destaca la fuerza de las organizaciones que están listas para defender lo aprobado y, sobre todo, la vida misma.
Sin embargo, la titular de Derechos Humanos en la entidad, dice se elabora un recurso de impugnación contra la llamada “ley antiaborto” y destaca que sólo la CEDH y la CNDH pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, se sumarán fuerzas para trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres.
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“No es procedente otorgar el estatus de persona al embrión. Hacerlo, irrumpiría con la observancia que deben tener las legislaturas locales del marco constitucional federal, que reconoce como ley suprema a la Constitución del país y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y que supone, en términos del artículo 1 constitucional, la obligación de garantizar los derechos humanos contenidos en los referidos instrumentos jurídicos, así como atender lo que han desarrollado los máximos intérpretes de los mismos; es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, puntualiza Sofía Velasco.
“La aprobación del dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de las personas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, aclara.
La propuesta de acudir ante la SCJN es apoyada por los diputados Mariela Saldívar, María Dolores Leal, Claudia Tapia, Ramiro González, Luis Armando Torres, Arturo de la Garza, Ivonne Bustos y Luis Donaldo Colosio
A la lucha se suma la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos que muestra preocupación por la aprobación de los diputados de la Ley y confían en que la CNDH y la SCJN contradigan a los legisladores.
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La reforma al Artículo 1 Constitucional del Estado “criminaliza a las mujeres” ya que no consideran los motivos de un aborto y libra de cualquier responsabilidad al hombre en los procesos de reproducción.
“Lo que sigue es buscar recurso de inconstitucionalidad, porque en la primera vuelta del 2014, ellos habían metido que se protegiera la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Este dictamen los cambiaron desde la fecundación hasta la muerte natural y buscaremos a la Suprema Corte de Justicia", dice Vanessa Jiménez, integrante del Frente Feminista.
"Se podrá revocar y declarar la reforma inconstitucional y por ende dejarla sin efectos. Es muy probable que esto se revierta por mandato de la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión que se aprueba, da materia para una acción de inconstitucionalidad, sabemos que la Comisión Estatal está preparando una acción al respecto, creemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hará”, explicó Luis Donaldo Colosio, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.
Y aunque el secretario general de Gobierno, Manuel González, había dicho que estudiarían la Ley antiaborto y podría el Estado presentar una controversia Constitucional por la decisión de los diputados, el funcionario gubernamental y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, firmaron la llamada ley antiaborto.
El dictamen que es rechazado por grupos opuestos a las organizaciones llamadas conservadoras, fue aprobado por 30 diputados, ocho en contra, dos abstenciones- una de Morena- y dos legisladores que faltaron, entre ellos otra morenista
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