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Madres de desaparecidos, entre tratos indignos y violatorios a DH

El olor a piel putrefacta y el calor impetuoso son las condiciones que deben resistir, por al menos tres horas, las madres de desaparecidos

  • MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL
  • 11/09/2018
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Madres de desaparecidos, entre tratos indignos y violatorios a DH
Mujeres esperando fuera del Forense Veracruz (Foto: Alberto Roa)

Al menos 60 mujeres hacen fila a las afueras del Forense de Veracruz. Las mayores improvisan las jardineras como asiento, el resto se acomoda en el suelo mientras son llamadas a identificar retazos de prendas y credenciales halladas en 32 fosas de Alvarado, en la costa del Golfo de México. 

El tiempo de espera para que las madres ingresen a observar el catálogo de hallazgos en una pequeña sala es de tres horas, 180 minutos bajo un sol impetuoso que aviva el olor a piel putrefacta. En las instalaciones estatales, paras las madres no hay bancas suficientes, no hay refrigerios, ni papel higiénico en los sanitarios.

(Foto: Alberto Roa)

Para Karla Irasema Quintana Osuna, directora general de la Asesoría Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ese trato es indigno para las madres de desaparecidos y solo el eslabón de una cadena de irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) que derivarán en quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

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Son las 09:30 horas del 11 de septiembre, unas 120 personas arriban a la Dirección General de Servicios Periciales. Algunas viajaron hasta Xalapa con el apoyo económico de instituciones; otras prepararon tortas con pollo y las ofrecen con funcionarios y familiares de desaparecidos. Los clientes abundan, si se cuentan como víctimas.

Todos los asistentes quieren ser los primeros en entrar a una especie de pasarela de la muerte, pero no hay cupo. “Solo 62 personas”, avisa el director de Servicios Periciales, Mario Valencia Hernández. La instrucción es acatada por los familiares y con orden se integran a una hilera. Allí se montan cubre bocas o se untan torundas en la nariz para combatir una pestilencia lúgubre que ellos consideran como migajas de esperanza.

Ya listas, 62 mujeres entran a la proyección de fotografías. El otro tanto se queda afuera. Si el calor en el patio arrecia, las mujeres buscan la sombra; si se sienten cansadas buscan el pasto o el suelo; si tienen hambre compran pambazos; si los olores les provocan náuseas, ellas fuman o se arriman a fumadores; por sanitarios no paran, aunque todo el que los usa también debe comprar papel higiénico. Así se marchan las horas de espera para las víctimas de Veracruz, quienes, si son embestidos por la desesperación o la zozobra, también lloran.

Aunque las inclemencias para las 62 mujeres que esperan bajo el sol no distan de las brigadas que han montado en fosas clandestinas a lo largo de la entidad, para Karla Irasema Quintana es motivo para que los asesores jurídicos soliciten mediante un oficio a la FGE el cambio inmediato de sede para la proyección de indicios.

“Nosotros como sus representantes estamos solicitando que estas proyecciones se lleven a cabo en otro lugar. No era necesario que las personas vinieran, no vienen a reconocer restos físicos, si no a que se le muestren fotos. Esto pudo llevarse a cabo en otro lugar más digno, incluso no necesariamente aquí en Xalapa, esto se pudo haber enviado a las subdelegaciones”, comparte Quintana Osuna.

Agrega que la Fiscalía de Veracruz también desdeñó la propuesta de la CEDH de que el catálogo de prendas y credenciales fuera proyectado en sus instalaciones. “Está la Fiscalía, o cualquier otro lugar menos este, que para los que no están aquí es penetrante el olor a putrefacción”, agrega.

(Foto: Alberto Roa)

Sin embargo, Karla Quintana advierte que el trato hacia las víctimas es sólo parte de una serie de agravios a los derechos de estas personas, contemplados en la Ley General de Víctimas y en la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.

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Para Karla Quintana, las faltas a los integrantes de diversos colectivos, comenzaron desde que ellos no fueron invitados para participar de manera directa en el proceso de la investigación en el cementerio clandestino localizado en Arbolillo, Alvarado, según el Fiscal General, Jorge Winckler, desde el 08 de agosto de 2018.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, “Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

“Las familias tuvieron que ser informados desde el momento en que se iba a iniciar esta diligencia. Se vulneró el derecho de estar en ese lugar con sus abogados, y si ellos quisieran de solicitar peritos particulares. No sabemos ni cómo fueron manejados estos retos”, explica la entrevistada.

Sobre el argumento de Jorge Winckler de que las víctimas no fueron convocadas por seguridad y para no entorpecer las investigaciones, Quintana Osuna manifiesta, “Ese argumento es utilizado de forma continua por diferentes fiscalías, lo que sabemos es que las familias en Veracruz buscan solas, sin seguridad, desde hace muchos años. Sobre resguardo de la información, de todas maneras, los familiares tienen derecho a saberlo”.

Agrega que las víctimas indirectas han manifestado tener desconfianza del trabajo de la Fiscalía y por ellos solicitarán que la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga en la valoración de la información relacionada con los hallazgos en Alvarado, Veracruz.

“Ante estos hechos se plantean algunas quejas. Hubo una vulneración y estamos determinando con los familiares, seguro son quejas ante la CEDH y estamos determinando jurídicamente si existe otra vía”, añade la directora de asesores jurídicos federales.

En Veracruz, el pasado martes 24 de julio, y con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

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Esta Ley, señala en el artículo 2, que se debe “garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional".

En contraste, Yunes aseguró este 11 de septiembre en entrevista que el ingreso de los colectivos y otros familiares de desaparecidos habría implicado la manipulación de los restos, y “si participa una persona no autorizada que manipula los restos, pierde la prueba carácter de prueba, pierde valor probatorio y entonces no se puede sancionar a los responsables de haber cometido ese crimen terrible”.

“No puede una persona, un particular, aunque forme parte de un colectivo participar en una excavación porque es un tema jurídico judicial donde solo participan las personas autorizadas”, argumentó.

Por ello, siguió, se avisa a los Colectivos hasta que se ha realizado el hallazgo, y los restos se encuentran un lugar determinado y se ponen a la vista los indicios encontrados para proceder a la identificación de objetos.

bl