ESTADO DE MÉXICO (La Silla Rota).- El gobierno de Huixquilucan a cargo de Enrique Vargas del Villar y la comunidad indígena otomí que habita ese municipio mantienen una lucha jurídica que este sábado podría resolverse o complicarse.
A través de su representación legal, el gobierno municipal acusó al líder de pueblos otomíes, Juan Villegas Mejía, de extorsionar a un funcionario con un millón de pesos, delito que niegan la defensa y pobladores de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, entre otros pueblos.
De acuerdo con la declaración al Ministerio Público el 19 de junio pasado de Daniel Díaz González, empleado de la Coordinación Contenciosa de la Secretaría del Ayuntamiento de Huixquilucan, la mañana de ese día recibió en su oficina una llamada telefónica de Villegas Mejía, exigiéndole “su dinero”.
Según la declaración a la que La Silla Rota tuvo acceso, Díaz González declaró que le ofreció 5 mil pesos que traía consigo pero el líder indígena se refirió al funcionario con groserías y amenazas a su familia, lo citó una calle atrás del palacio municipal para recibir el dinero, supuestamente estaba acompañado por dos camionetas Suburban color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, de las que descendieron 3 personas.
“Se me acerca Juan Villegas Mejía escoltado de los dos tipos antes descritos haciendo referencia que observe que los tres portaban armas de fuego y me dice: “¿cuál es el adelanto, no le andes jugando al verga porque voy a darle un levantón a tu esposa y a tu hija (…) dile a tus jefes que quiero mi millón de pesos o el cartel de Jalisco Nueva Generación les va a dar en la madre a todos”, se lee en el documento.
Narra que tras entregar el dinero y recibir nuevas amenazas, uno de los tres sujetos sacó un arma, hizo dos disparos al cielo y se retiraron dejando a Díaz González hincado.
De los supuestos hechos hubo un testigo de nombre Yael Cruz Martínez, quien declaró en esa calidad y se identificó solo con credencial del Partido Acción Nacional (PAN).
El apoderado legal del Ayuntamiento de Huixquilucan desde el 30 de mayo pasado, Roberto Yáñez Salas, atrajo el 21 de junio pasado la denuncia presentada por Daniel Díaz González una semana antes.
Este viernes se llevó a cabo una audiencia en los juzgados del penal de Barrientos, ahí llegaron unos 200 pobladores indígenas quienes al grito de “queremos justicia” y mostrando cartulinas con mensajes a favor de su líder, aseguraron que Villegas Mejía es inocente y que la autoridad municipal le está fabricando un delito para que no continúe sus luchas sociales en defensa de la tierra y en contra de la Alcaldía.
“Exigimos que se aclare todo, sabemos que el Juan Villegas es inocente, nosotros no estamos fuera de la ley (…) queremos saber por qué el presidente municipal Enrique Vargas le está fincando una responsabilidad en la que no tiene nada que ver, pedimos que se aclare.
“A todos los políticos les pedimos respeto a nuestras tierras, nosotros somos indígenas de pueblos originarios que datan desde el año 1600 según documentos que tenemos como el Título Virreinal, Juan él no tiene antecedentes penales, solo está defendiendo la tierra”, dijo Hilario Tomate, representante indígena de Santa Cruz Ayotuxco.
Refirieron que Villegas mantiene 7 amparos vigentes en contra de actos de autoridad, algunos encabezados por el presidente municipal Enrique Vargas del Villar, otros de años atrás.
Ayer al término de la audiencia el abogado Antonio Lara Duque, del centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, negó los argumentos acusatorios, y acusó persecución por parte de Vargas del Villar.
“Está directamente implicado el Alcalde, él es el que lo señala, queremos hacer valer que hay motivos de persecución política del Alcalde contra el señor Juan Villegas por amparos previos, denuncias de amenazas previas de Enrique Vargas a Juan Villegas, hay suficiencia probatoria para considerar verídico que Enrique Vargas ya tenía la intención de perjudicar la integridad, la libertad de Juan Villegas”, dijo.
“Como representante indígena lleva al menos 3 años de una forma sistemática interponiendo recursos legales contra el Ayuntamiento, llegó el momento en que el Ayuntamiento absurdamente creyó que la forma de quitárselo del camino era encerrarlo en prisión”, consideró Lara Duque.
Este sábado se definirá la situación del líder indígena.