Durante el sexenio que está a cuatro meses de finalizar, Miguel Ángel Mancera otorgó varias licitaciones o adjudicaciones directas a consorcios formados en su mayoría por empresas extranjeras que, a decir de vecinos y organizaciones, representó más un negocio que un beneficio para la ciudad.
Entre ellos está la construcción y operación de la Planta de Termovalorización, la publicidad de Línea 7 del Metrobús, Fotomultas y los nuevos verificentros, proyectos que Claudia Sheinbaum, jea de gobierno electa, buscará revertir una vez que asuma el poder, el 5 de diciembre.
A un mes obtener el triunfo y ya como jefa de Gobierno electa ha reiterado que cancelará la Planta de Termovalorización y modificará el esquema de las fotomultas. Además, la Comisión de Transición trabaja ya en la revisión de todos los contratos que la administración de Mancera otorgó.
Además, estos proyectos no tuvieron la aceptación vecinal ni de organizaciones civiles. Se aprobaron y buscaron concretarse bajo resistencia ciudadana.
Planta de Termovalorización
El 9 de mayo de 2017 la Agencia de Gestión Urbana (AGU), a cargo de Jaime Smloviasky, firmó el contrato que otorga al consorcio Termo WTE S.A. de C. V., formado por las empresas Termoenergía CDMX Holding, S.A. de C.V., y Proactiva Medio Ambiente México, S.A. de C.V. Veolia, para la prestación de servicio integral que incluyó diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta por una cantidad anual de 2 mil 316 millones de pesos sin IVA.
El contrato establece que la prestación del servicio será de 30 años, lo que suma 69 mil 480 millones de pesos. Se tratarían 4 mil 500 toneladas de basura, proporcionadas por la Ciudad de México, y a cambio el consorcio a través de la planta generaría energía eléctrica para mover las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
La construcción duraría tres años a partir del otorgamiento del predio por parte del Gobierno Federal. Los terrenos están ubicados en el ex vaso del Lago de Texcoco donde estuvo el tiradero de basura Bordo Poniente. Desde el anuncio de la licitación, grupos de ambientalistas advirtieron de los riesgos. Argumentaron que se trata de una incineradora que ocasionaría efectos negativos a la salud y medio ambiente.
Durante la contienda para la Jefatura de Gobierno, Sheinbaum criticó el proyecto y advirtió que de convertirse en jefa de Gobierno no pasaría. Hace unos días reiteró su posición. Agregó que el proceso de licitación estuvo plagado de “problemas jurídicos” y a pesar de que se firmó el contrato su administración lo cancelaría.
Publicidad de la Línea 7 del Metrobús
El gobierno capitalino otorgó la licitación para la contraprestación de 11 millones 570 mil pesos anuales a la empresa Medios Publicitarios S.A de C.V. para la comercialización de 898 espacios publicitarios instalados en los parabuses de la Línea 7 del Metrobús que corre por Paseo de la Reforma de Indios Verdes a Campo Marte.
Medios Publicitarios S.A de C.V. es una filial de la compañía francesa JCDecaux, que a su vez en octubre de 2017 cerró una alianza estratégica con América Móvil de Carlos Slim. De acuerdo con esta unión, el empresario mexicano adquiere el 40 por ciento de las ganancias que generan los espacios publicitarios.
En abril de 2017, el Sistema de Transporte Metrobús firmó el contrato para otorgar a Medios de Publicidad el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para la publicidad en 127 estaciones de la Línea 7.
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Vecinos opositores advirtieron antes de las obras de la Línea 7 que era un negocio publicitario y no tanto un proyecto para agilizar la movilidad de Paseo de la Reforma, además que provocaría más contaminación y aglomeración vehicular.
El conflicto llegó a los tribunales. Como resultado de un amparo interpuesto por la Academia Mexicana del Derecho Ambiental (AMDA), la Línea 7 tiene una suspensión definitiva vigente, el proyecto ejecutivo tuvo que ser modificado, se determinó que hubo daño ambiental por la tala de árboles y un juez ordenó retirar la publicidad por violar la ley.
Cuando era candidata Sheinbaum Pardo cuestionó la Línea 7, así como su publicidad y aseguró que no es un proyecto de transporte público que resuelva el problema de movilidad, por lo que prometió revisar el tema de ganar las elecciones.
Nuevos verificentros
En marzo de 2017, el gobierno a cargo de Mancera Espinosa a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), lanzó la convocatoria de licitación para realizar el servicio de verificación vehicular a partir de pruebas físico-mecánicas y medición de partículas ultrafinas, cambios que forman parte de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
A los 74 verificentros que ya operaban en diciembre de 2017 se les vencería la autorización, por lo que participaron en el concurso de licitación. Sin embargo, otorgaron 55 concesiones que entrarían en operación el 2 de julio de 2018.
La mayoría de los dueños que ya contaban con un centro quedaron fuera y acusaron, en su momento, que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que los beneficiarios son cercanos a funcionarios de la Sedema y gobierno de la ciudad. Además que no contaban con el equipo ni personal capacitado.
Las concesiones de los nuevos verificentros fueron entregadas a 29 empresas o personas morales; 10 tienen más de dos centros y 19 solo uno. Según las bases de la convocatoria se podían otorgar hasta siete verificentros a una misma persona o compañía.
Las 10 empresas que tienen más de dos verificentros son: Control Atmosférico de México, S.A de C.V, que consiguió siete; Ciudad Maxiplus tiene cinco; Mac S.A de C.V, cuatro; Verificaciones Centenario, cuatro; Power Cars Mundo, cuatro; Excelencia Refaccionaria Ave Fenix, cuatro; Impulsora Ecológica, dos; Compañía Empresarial Vedoza dos, y Suministros y Maquinaria Kebec dos.
También en este tema, la jefa de Gobierno electa se comprometió a revisar las concesiones, estudiar cada caso y de cumplir con los requisitos reingresar a los otros centros al programa.
Fotomultas
En diciembre de 2017 concluyeron los dos contratos que la administración de Miguel Ángel Mancera otorgó a las empresas Autotraffic e Inteltráfico para la operación y mantenimiento del sistema de fotomultas.
Sin embargo, a pesar de la negación del ahora ex jefe de gobierno, en abril de este año se dio a conocer que de nuevo Inteltráfico obtuvo por licitación un contrato de 220 millones de pesos para operar este 2018.
Desde la precampaña, Claudia Sheinbaum se opuso a este sistema y dijo que también checaría el esquema. Ya como jefa de Gobierno electa señaló que se analiza su continuidad y de seguir, dijo, el costo de las fotomultas disminuiría.