La iniciativa de Ley de Reconstrucción, propuesta por Miguel Ángel Mancera, a decir de asociaciones civiles es un monumento a la corrupción, que lo que contribuye es al negocio inmobiliario y no a atender de manera real a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.
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Este martes 14 de noviembre se perfila que las comisiones de Administración Pública, Infraestructura Urbana y Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprueben el dictamen de la Ley de Reconstrucción, que desde su presentación no ha reunido el consenso suficiente de los diputados, para que este mismo día se discuta ante el Pleno.
Josefina Mac Gregor, directora de la asociación civil Suma Urbana, alertó que el gobierno partió de un Atlas de Riesgo que no es confiable para realizar la propuesta de la Ley de Reconstrucción. Además no toma en cuenta la Ley General de Protección Civil.
No hay una ingeniería forense, es decir no sabemos que ocurrió en cada zona, se han abierto más grietas en lo que es Iztapalapa, Xochimilco Tláhuac y Villa Coapa, y a pesar de ello, lo que les urge es empezar a construir sin Atlas de Riesgo, sin un diagnóstico, pasando por alto cualquier estudio de impacto urbano, sin la socialización de la información y más allá de lo que dicta la Ley de Desarrollo Urbano para cada zona”.
La iniciativa plantea que para que la inmobiliaria recupere su dinero, se le va a otorgar el 35 por ciento más de altura al edificio, si hay área libre otros 35 por ciento de ocupación y 35 por ciento más de densidad.
“Por ejemplo si un edificio era de 10 pisos, con 4 departamentos en cada nivel, le van autorizar tres pisos más, entonces en lugar de haber 40 departamentos habrá 80. Ahí está el negocio, porque a parte no se les va a cobrar impuestos al constructor”.
Agregó que si alguien es dueño y no pudo tener en cinco años los documentos que lo comprueben, el constructor se queda con su propiedad.
“Donde había 40 departamentos, la inmobiliaria podrá construir 80, venderlos y tener una utilidad brutal. ¿Dónde está el dinero de la reconstrucción? Los miles de millones si no se van a meter en las edificaciones ¿qué va a pasar? No va a comprar predio, los que van a ocupar los damnificados se los van a vender, no se los van a regalar y el constructor se va a quedar en promedio como con un 55 por ciento del edificio para uso personal”.
La activista expresó que con un programa de reconstrucción, el cual ya está, es suficiente, no se tiene que hacerse ley.
“La Ley de Reconstrucción, para mí, es como un monumento a la corrupción. Se requiere hacer ley de reconstrucción para violar la Ley de Protección Civil y la de Desarrollo Urbano. No se requiere una ley, un programa es suficiente”.
Agregó que la Ley de Desarrollo Urbano estipula una altura para cada zona, dependiendo del uso de suelo. Sin embargo con la Reconstrucción se le otorgará más niveles.
“Lo curioso es que reconstruyo con una ley para no cumplir con la Ley de Protección Civil porque no se tiene Atlas de Riesgo ni con la Ley de Desarrollo Urbano porque les quiero dar 35 por ciento más”.
Mónica Tapia de Ruta Cívica y Ciudadanía 19S consideró que el hecho de que la Ley proponga rehacer zonificaciones y permisos, una materia que le corresponde a Desarrollo Urbano es una irresponsabilidad, porque no hay un Atlas de Riesgo ni zonificación actualizados.
“Hay mucha discrecionalidad en lo que ya construyen, y la ley puede agravar esta situación. Además los diputados ya se van, se les ve un sentido de urgencia por los compromisos electorales que imaginamos ya tienen”.
Comentó que desde la ciudadanía observarán cómo se vota esta iniciativa y quiénes. Advirtió que difundirán lo qué aprobaron y será castigado en las elecciones de 2018.
“Esta ciudad necesita una legislación y una buena reforma. Además de que hay un mandato constitucional de tener un instituto de planeación y un sistema de gestión urbana. De repente todos estos estado de excepción si las quieren sacar con mucha prisa, por lo que nos hacen sospechar”.
Dijo que el hecho es que no se sabe cómo está la mecánica de suelos, y a pesar de ello, la iniciativa propone aumentar más altura a los edificios dañados y otorgarle más recursos a fideicomisos “oscuros” sin rendición de cuentas.
Aún no hay dictamen para aprobar en el Pleno
Dunia Ludlow, diputada del PRI en la ALDF y presidenta de la Comisión de Vivienda, aseguró que no hay condiciones para votar en el Pleno un dictamen que ni siquiera existe.
Tanto la iniciativa de Ley de Reconstrucción del jefe de gobierno tanto como la propuesta de los diputados de Morena se turnaron a tres comisiones, de Administración Pública, Infraestructura Urbana y Presupuesto. Sin embargo, el documento que se pretende aprobar proviene del equipo de trabajo de la Comisión de Gobierno.
“Es un documento de trabajo en el cual no hay consenso ni acuerdo por parte de los actores involucrados para hacer un dictamen por diversos aspectos, porque no tiene una estructura que permita el garantizar el derecho a los damnificados y a construir una ciudad más segura, en términos de construcciones”.
Indicó que en el documento de trabajo propuesto no hay autoridades responsables que indiquen cuáles serán sus facultades para realizar lo correspondiente en la reconstrucción.
“Dice las dependencias del gobierno de la ciudad en general y cuando queda así de abierto, no se garantiza nada. No hay consenso en el 35 por ciento de redensificación, ni en los espectaculares y todo lo que tiene que ver con publicidad exterior ni en la estructura del dictamen en general”.
La legisladora señaló que al no haber consenso no ha habido reunión de comisiones y por reglamento de la ALDF está establecido que tienen que llamar a los diputados integrantes de los órganos dictaminadores 48 horas antes o 24 horas cuando el asunto es urgente y aún no han convocado.
“Sin esta convocatoria en tiempo y forma no podemos subir un dictamen al Pleno porque estaríamos en un proceso legislativo ilegal y que también en las condiciones en las que viene el dictamen, el día de mañana cuando alguien se ampare o presente algún recurso de inconformidad contra esto porque no le beneficia, el juez no va a tener elementos para sostenerlo y por lo tanto no garantizaremos ningún derecho a quienes fueron afectados por el sismo”.
Las irregularidades que observa en esta iniciativa de Ley de Reconstrucción es que carece de un diagnóstico sólido que permita saber el universo de damnificados, la situación jurídica de cada uno de ellos, así como las condiciones socioeconómicas de los afectados.
No es lo mismo reparar el daño a una casa unifamiliar o multifamiliar en Iztapalapa a un edificio en la colonia Condesa, y en esa misma colonia, no es lo mismo reparar el daño a un dueño único que rentaba los departamentos a copropietarios que se quedaron sin su patrimonio”.
Afirmó que si es importante distinguir entre damnificados, porque si se parte del 35 por ciento para redensificar para todos es un porcentaje que posiblemente sea un negocio para desarrolladores inmobiliarios o para dueños de la tierra y no para atender a las personas afectadas por el sismo.