El pasado 22 de noviembre, el Estado de México fue escenario de una de las operaciones más mediáticas en lo que va de este año. Bajo el nombre de "Operativo Enjambre", la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a varios funcionarios de diferentes municipios acusados de diversos delitos relacionados con la corrupción. La acción, que involucró desde policías municipales hasta altos funcionarios, ha dejado una estela de preguntas sobre la eficacia del combate a la corrupción en la entidad más poblada del país.
A primera vista, la magnitud de la operación parece un paso firme en la lucha contra la impunidad que ha caracterizado a muchas administraciones en el Estado de México. No es un secreto que la corrupción ha sido uno de los mayores lastres para el desarrollo de esta entidad, cuya cercanía con la Ciudad de México y la diversidad de su territorio hacen de ella un caldo de cultivo ideal para prácticas ilícitas que afectan tanto a los recursos públicos como a la calidad de vida de sus habitantes.
Lo que destaca del "Operativo Enjambre" es que no se trató de un sólo municipio, ni de un grupo homogéneo de funcionarios, sino de una red transversal que abarca desde gobiernos locales hasta mandos de seguridad. Las autoridades han señalado que las detenciones se dieron en el marco de una investigación que apunta a la existencia de una estructura de corrupción que se aprovechaba de los recursos del gobierno para fines personales. Sin embargo, más allá del espectáculo mediático que suelen generar estos operativos, la pregunta que surge es si esta acción realmente marcará un antes y un después en el combate a la corrupción en la región, o si, por el contrario, se trata sólo de un "golpe de efecto" que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se diluirá con el paso del tiempo.
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Aunque los avances en materia de justicia en el Estado de México son evidentes en algunos aspectos, lo cierto es que el sistema sigue estando lejos de ser verdaderamente efectivo. La desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia es alta, y la falta de procesos judiciales transparentes ha sido uno de los principales frenos para erradicar la corrupción. Si bien las detenciones del "Operativo Enjambre" son un mensaje claro sobre la voluntad de las autoridades de enfrentar estos problemas, no basta con el arresto de unos cuantos culpables; se necesita garantizar que los procesos judiciales sean realmente independientes y que las penas sean proporcionales a la magnitud de los delitos cometidos.
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El "Operativo Enjambre" ha sido un paso importante en la lucha contra la corrupción en el Estado de México, pero no puede ser visto como un fin, sino como un medio. Si las autoridades realmente buscan transformar las estructuras de poder que han permitido que la corrupción se infiltre en todos los niveles de gobierno, deberán ir más allá de las acciones mediáticas y centrarse en la creación de un sistema de justicia robusto y en la implementación de políticas públicas que busquen erradicar la corrupción desde sus raíces. Solo así, la detención de algunos funcionarios podrá ser vista como un verdadero triunfo de la justicia y no como una medida simbólica sin consecuencias a largo plazo.
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La nueva estrategia de seguridad federal que encabeza Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum, parece dar los primeros frutos a favor, lo que podría convertirse a corto plazo en un golpe certero y en el inicio de una nueva etapa para las administraciones públicas.
Octavio Magaña Soto, columnista LSR Hidalgo. X: @tavomaganamx