Para dar calma a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, y luego de casi cuatro años que su gobierno tomó las riendas del caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesitaba un golpe fuerte, un pez gordo como le llaman, y quien mejor que el propio Jesús Murillo Karam, quien como procurador general de la República encabezó las investigaciones y fue el creador de la verdad histórica, que resultó con muchas mentiras e irregularidades.
Este miércoles 24 de agosto, en la continuación de la audiencia inicial, se definirá si es o no vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, que son los delitos que le imputa el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) y, de ser el caso, se sabrá si se le mantiene o no en prisión preventiva.
El caso de Murillo Karam, quien fue gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998, no es menor, tiene grandes repercusiones políticas, se trata del primer titular del Ejecutivo estatal detenido, al menos en la historia moderna del estado y del primer exprocurador que llevan ante la justicia. Además, es el líder del llamado Grupo Hidalgo, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo una enorme injerencia en el poder.
Muchos políticos hidalguenses en la actualidad le deben una importante parte de su crecimiento a Murillo Karam, quien forjó un liderazgo, incluso antes de su gubernatura y durante varios sexenios no lo soltó. Entre otros cargos, fue tres veces diputado federal y en dos ocasiones senador.
Por ello, varios personajes expresaron su respaldo tras la detención de Murillo el viernes pasado en su domicilio en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, entre ellos la excandidata a la gubernatura Carolina Viggiano, el exdiputado federal y actual delegado del PRI José Antonio Rojo; otros más mesurados pero que también mostraron solidaridad fueron el gobernador Omar Fayad y el senador y exmandatario estatal Miguel Ángel Osorio Chong.
Según especialistas, las imputaciones de la FGR en este caso serán difíciles de probar; sin embargo, existen otras pesquisas en la Fiscalía, puesto que se detectó un presunto desvío de recursos entre 2013 y 2014 cuando presuntamente se sustrajeron 100 millones de pesos de la entonces PGR de la partida 33707, que corresponde a “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, mediante un esquema en el que colaboradores cercanos al entonces procurador realizaban retiros millonarios mensualmente, dinero que no supo en dónde terminó.
CONTRATOS A FAMILIARES
En 2016, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación sobre contratos que obtuvieron empresas vinculadas con sus familiares, en los tres años que Jesús Murillo fue el titular de la dependencia.
La organización civil documentó que, firmas del ramo de la construcción, que pertenecen a hijos, sobrinos y parientes del exgobernador, obtuvieron contratos de obra por 4 mil 625 millones de pesos en varios estados del país. El 61 por ciento de ellos fueron otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuyo titular era Gerardo Ruiz Esparza, padre de Gerardo Ruiz Dosal, quien entonces era secretario particular de Murillo Karam.
Alvarga, Kuoro e Itrio, fueron las empresas que crecieron sus contratos en obra pública; sin embargo, los mismos decayeron tras la salida de Murillo Karam de la PGR. Entonces, MCCI señaló que, con base en la copia de los contratos, se encontraron adjudicaciones directas en opacidad, aumentos injustificados en precios, incluso la utilización de productos piratas en la construcción de un rompeolas en el estado de Campeche.
Con todo lo anterior, el único tema por el que hoy se tiene en el ojo de huracán al político hidalguense, es por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Opinión | Miguel Ángel Islas, director y columnista de LSR Hidalgo. Twitter: @miguel_aip