Pachuca.- El Cabildo de Pachuca votó a favor de no liberar al Consejo de la Judicatura Federal de su obligación sobre el pago de impuestos de seis casas de jueces y magistrados en la capital hidalguense. Asimismo, otorgó la emisión de seis trámites gratuitos a las oficinas del Servicio Postal Mexicano, ubicadas en esta ciudad.
Durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria Pública del Cabildo de Pachuca expusieron la solicitud de la exención del pago predial a seis inmuebles ubicados en la capital hidalguense, donde personas juzgadoras tienen sus hogares.
La solicitud con número de expediente HAM/AC/025/2025 fue ingresada el pasado 13 de febrero por José María Mora Corona, administrador Regional en Pachuca e integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
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El documentó pedía extinguir la obligación del pago del impuesto predial de los ejercicios fiscales: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. La cifra del adeudo del Poder Judicial con el municipio es desconocida, el alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, señaló que no sabia el monto.
Tras recibir el oficio, al ayuntamiento llamó a una mesa de trabajo al solicitante José María Mora Corona y a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal de Pachuca, esto con la finalidad de ampliar la información y conocer mediante una exposición de motivos del uso y la situación legal de los inmuebles, así como los pagos previos del impuesto.
Las seis propiedades están a nombre del gobierno federal en las boletas prediales: U060046, U070352, U076059 y U061774; además, son parte del patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal en la ciudad de Pachuca.
La síndica hacendaria Arely Sánchez Olivares detalló que los inmuebles son casas habitaciones ubicadas en las zonas residenciales de la capital hidalguense y son utilizadas por servidores públicos que desempeñan puestos como jueces de Distrito -en materia penal, mixto y laboral-, así como magistrados de los tribunales colegiados.
Lo anterior es un beneficio que les brinda el Poder Judicial Federal para el disfrute y uso de una casa habitación, es decir “no son destinados para brindar algún servicio público directo, si no para el uso particular de servidores públicos”, explicó Arely Sánchez.
“La recaudación del impuesto predial es de gran importancia para el gobierno municipal, ya que representa una fuente fundamental de ingresos propios permitiendo el financiamiento de servicios públicos, la autonomía financiera municipal y la inversión”, agregó la síndica hacendaria.
Por lo anterior, el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal fue negativo para la exención del impuesto predial en los inmuebles del Poder Judicial Federal (PJF).
Los 19 integrantes del cabildo respaldaron el dictamen y la solicitud de José María Mora Corona tuvo una respuesta negativa, por lo que deberán pagar el predial del 2020 al 2025 de los seis edificios del Poder Judicial.
Otorgan beneficio a Servicio Postal Mexicano
Arely Sánchez Olivares dio a conocer otra solicitud para la expedición gratuita de siete trámites locales para el edificio del Servicio Postal Mexicano en la capital hidalguense, de acuerdo con el expediente con número HAM/AC/031/2025.
El apoderado general del Servicio Postal, José Antonio Moreno Pérez, fue quien ingresó la petición el pasado 19 de marzo. Y esta fue atraída por Hacienda municipal y Asentamiento Humano, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Pachuca.
Lo anterior para la tramitación y expedición del boleto predial, plano catastral, cédula catastral, constancia de uso de suelo, constancia de alineamiento, número de oficial y dictamen de seguridad estructural, de las anualidades 2024 y 2025. Esto sin cobro alguno.
El inmueble para el cual solicitan estos documentos es propiedad del gobierno federal y se encuentra sobre avenida Juárez 401, esquina José María iglesias, en la colonia Revolución de la Bella Airosa.
Contrario a la petición del Poder Judicial de la Federación, las comisiones en esta ocasión decidieron otorgar el beneficio al Servicio Postal Mexicano, “ya que es destinado a un servicio público sin fines de lucro” y el es un “acto de corresponsabilidad gubernamental”, de acuerdo con lo que expuso Arely Sánchez.
sjl