PACHUCA. - Casi 12 horas después de su detención, Yolanda Tellería Beltrán, exalcaldesa de Pachuca, obtuvo su libertad porque solicitó una salida alterna al proceso judicial que se inició en su contra por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por presuntamente avalar indebidamente una jubilación que causó un detrimento a la administración pública por 84 mil 447 pesos; sin embargo, la exedil deberá pagar el doble, es decir, 168 mil 894 pesos.
La exfuncionaria municipal fue detenida a las 11:05 horas del miércoles 24 de mayo a un costado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y a las 17:12 horas fue presentada ante el juez de control Jesús Anim Ope Islas.
Yolanda Tellería ingresó a la sala número siete con tenis Michael Kors sin agujetas, pantalón de mezclilla, blusa de color amarilla y una chamarra café; tras iniciar la audiencia, el juez le preguntó si conocía sus derechos y contestó que sí, también dijo que no tenía dudas. Además, fue acompañada por cuatro defensores particulares.
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Para las 19:17 horas, el Ministerio Público de la PGJEH, planteó un incidente y antes de la formulación de imputación, solicitó decretar la audiencia como privada por argumentar que dentro de la carpeta de investigación se encontraban los nombres de otras personas presuntamente involucradas y órdenes de aprehensión por ejecutar.
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Dentro de la causa penal 21/2023, a la extitular de la alcaldía Yolanda Tellería, que llegó bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), la acusaron por avalar cobros indebidos con fondos públicos por 84 mil 447 pesos durante los meses de junio a agosto del año 2020, esto a favor de Teresa Martínez Barrera, quien se desempeñó como directora de Recursos Humanos por un plazo de 3 años, 4 meses y 29 días, cuando el requisito para su retiro era de 25 años.
Al respecto, la actual síndica jurídica, Liliana Mera Curiel, quien representa los intereses del municipio de , informó que Yolanda Tellería aceptó su responsabilidad, emitió una disculpa pública durante la audiencia y se comprometió a pagar los más de 168 mil pesos en un plazo de 24 horas.
El dinero deberá depositarlo en las cuentas bancarias de Pachuca. Como parte de la resolución, también se le indicó que no podrá salir del país.
La salida alterna que logró está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tiene como objetivo que una persona imputada pueda concluir su proceso penal; esto, siempre y cuando cumpla con un plan de reparación del daño y condicionantes, como le indicaron a la exalcaldesa.
Antecedente
Esta no es la primera ocasión que Yolanda Tellería se presenta a una audiencia a los juzgados de Pachuca, toda vez que el 16 de marzo fue citada por este mismo caso. Sin embargo, en aquella ocasión el juez de control Luis Raúl González Becerra decidió no vincularla a proceso por falta de indicios que demostrarán su probable responsabilidad.
El juzgador indicó que una de estas irregularidades fue que el Ministerio Público y el ayuntamiento de Pachuca, únicamente presentaron una copia simple del presunto convenio de jubilación.
Debido a esas omisiones, en aquella ocasión, Tellería Beltrán salió en libertad y sin cargos, pero el juez advirtió que con posterioridad la autoridad ministerial podría subsanar las deficiencias y continuar las investigaciones, situación que llevó a la exalcaldesa nuevamente a los juzgados la tarde del miércoles 24 de mayo.
Audiencia privada
La audiencia se decretó privada con fundamento en la fracción III del artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establece excepciones al principio de publicidad.
El numeral establece que el órgano jurisdiccional podrá resolver que una audiencia se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada. En este caso concreto se argumentó: "peligro un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible".
Debido a lo anterior, se solicitó a los asistentes abandonar la sala de oralidad número 7; sin embargo, el personal de seguridad de los Juzgados también pidió a familiares, abogados y medios de comunicación salir del inmueble judicial, el cual es una institución pública.
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