PACHUCA.- Por cobrar y expedir licencias de funcionamiento apócrifas a comercios de Pachuca, dos personas fueron vinculadas a proceso por negociaciones indebidas y uso de documentos falsos. Uno de los implicados es exfuncionario público de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento capitalino.
Así lo informaron en conferencia de prensa autoridades municipales e integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) de Pachuca, quienes acotaron que desde hace ocho años identificaron la presencia de una asociación apócrifa que intimida al sector con supuestas multas, clausuras de negocios o expedición de documentos falsos.
Sin embargo, fue en junio de 2021 cuando la actual administración municipal inició una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), detalló Hugo Armando Vázquez Reséndiz, director jurídico del ayuntamiento de Pachuca.
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En la última semana de septiembre de la anualidad en curso, dos personas fueron presentadas ante un juez de control y debido al procedimiento legal, la alcaldía no especificó los nombres o iniciales de los presuntos responsables, pero si detalló que uno de ellos estaba adscrito como trabajador a la Secretaría de Medio Ambiente de Pachuca.
Laboró desde la administración pasada y un periodo en la actual, lo que le permitía tener acceso a documentación oficial, logotipos y firmas de funcionarios que avalaban diferentes dictámenes para después reproducirlas en las licencias de funcionamiento apócrifas; incluso, colocaban un código QR que redireccionaba a los datos de una ferretería.
El ahora exservidor público fue vinculado a proceso por el delito de negociaciones indebidas, delito que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Hidalgo, contempla de cinco a seis años de prisión y que comete el servidor público que “en el desempeño de su empleo, cargo o comisión otorgue indebidamente por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permiso, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos”.
El otro implicado por la expedición de licencias falsas se ostentaba como representante y tesorero de una asociación denominada Cámara de Comercio y Servicios Turísticos Hidalgo A.C., la cual no tiene registro ante la Secretaría de Economía federal para operar como organismo empresarial.
Dicha persona fue vinculada, pero por el delito de uso de documentos falsos que comete quien “para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado”, la pena es de seis meses a cinco años de prisión.
Prisión preventiva para los presuntos implicados
El director general jurídico del ayuntamiento de Pachuca, Hugo Armando Vázquez Reséndiz puntualizó que las dos personas están en prisión preventiva justificada en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
En este lugar permanecerán mientras se desarrolla la investigación complementaria del caso, plazo que durará tres meses para que la alcaldía de Pachuca obtenga los medios de prueba para la etapa del juicio oral.
Vázquez Reséndiz indicó que a través del proceso judicial se busca que la alcaldía acceda a una reparación del daño por 300 mil pesos.
También dijo que el organismo apócrifo denominado “Cámara de Comercio y Servicios Turísticos Hidalgo A.C.”, ya fue disuelto.
¿Qué pasará con las víctimas de fraude?
La alcaldía tiene identificadas a cuatro personas con licencias de funcionamiento falsas, situación que desencadenó en el actual proceso legal.
Sin embargo, el ayuntamiento de Pachuca indicó que hasta el momento desconoce el número total de las personas defraudadas.
Por lo anterior, el alcalde Sergio Baños realizó un llamado a los comercios formales para que revisen la expedición de sus licencias porque podrían estar laborando con documentos falsos que en su momento expidieron las personas actualmente vinculadas a proceso.
Además, el presidente municipal agregó que tendrían que pagar nuevamente su trámite, pues puntualizó que no habrá ningún beneficio para las víctimas, tras argumentar que ese dinero nunca ingresó a las arcas municipales.
Mientras que el director general jurídico acotó que las personas afectadas deben interponer su propia denuncia por el delito de fraude.
sjl