PACHUCA.- El juez de control José Daniel Montaño Olvera resolvió vincular a proceso por abuso de autoridad a tres funcionarios y siete policías que laboran en Mineral del Monte, administración que encabeza el alcalde priista Alejandro Sierra Tello. El caso contra los 10 trabajadores municipales tiene antecedente en la manifestación pacífica que realizaron defensores de animales el 8 de enero de 2022 para exigir justicia por 13 perros que desaparecieron del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón; sin embargo, aquella movilización fue disuadida de manera violenta por los funcionarios municipales, lo que dejó un saldo de dos lesionados y un vehículo particular averiado.
Por estos hechos, el pasado 18 de octubre el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) formuló imputación contra los funcionarios implicados, aunque los acusados solicitaron acogerse a la duplicidad del término que concluyó este lunes.
Por ello, este día en la continuación de audiencia inicial de la causa penal 637/2022, el juez de control consideró que existieron datos de prueba suficientes para la vinculación a proceso de los policías Armado N, Jesús N, José Antonio N, Ángel N, Francisco N, Juan N y Ruben N.
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A dichos elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mineral del Monte, se les acusó del delito que la ley señala como abuso de autoridad agravado por actuar en coautoría con golpes y agresiones verbales en agravio de Lorena y Pedro, los titulares de la asociación Cuatro Patitas.
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Además de afectarlos de manera psicológica con amanezas durante su estancia en la barandilla municipal; según consta en los dictámenes médicos, videos y los testimonios rendidos por las víctimas ante el Ministerio Público en su declaración inicial y su ampliación de entrevista.
Los funcionarios también señalados por abuso de autoridad fueron: Fredy N, director de Turismo de Mineral del Monte; Arturo N, particular del alcalde Alejandro Sierra Tello y José Luis N, auxiliar de la Dirección de Comercio y Abasto del mismo municipio, quienes llegaron a amedrentar la avenida Juárez donde se organizaba la manifestación, según consta en videos y notas periodísticas.
Dentro de la misma causa penal 637/2020 se persigue el delito de daño a la propiedad en agravio de Alba Luisa, representante de la Jauría de Balú y dueña de un vehículo que fue averiado por los policías municipales Francisco N y Juan N. Las afectaciones ascienden a 7 mil 200 pesos según el avalúo practicado el vehículo.
De acuerdo con los datos de prueba presentados, el juez de control consideró que existían datos de prueba para la comisión del presunto delito, a pesar de que la defensa de los 10 imputados argumentó que sus representados atendieron a protocolos del uso de la fuerza.
Tras la vinculación a proceso, la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante este tiempo los funcionarios municipales permanecerán en libertad pero tienen prohibido acercarse a las tres víctimas, a sus domicilios y también a los lugares donde tienen sus refugios de animales.
(Fotos. José Antonio Alcaráz)
jgp