PACHUCA.– Agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) omitieron ejecutar una orden de aprehensión dictada desde el 31 de agosto de 2016, en el que la víctima es una niña de nueve años que sufrió violación agravada y abuso sexual, mientras que su madre padeció violencia familiar.
Así se desprende de la resolución VG-0003-22 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), la cual establece que la PGJEH vulneró en ese entonces los derechos de la madre de familia y su hija al acceso a la justicia y a una oportuna ejecución de los mandamientos judiciales.
Este asunto tiene antecedente en 2016, tres años después, las agraviadas iniciaron su queja ante la CDHEH y hasta el 14 de septiembre de 2022, fue emitida la recomendación que narra el proceso de la madre y su hija para intentar acceder a la justicia.
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Los hechos
El 26 de julio de 2019, la madre de familia envió un correo electrónico a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para solicitar ayuda.
En el mensaje explicó que desde 2014 huyó de Hidalgo, donde vivía con su agresor e hija de 9 años de edad.
También narró que dos años después de que abandonó la entidad hidalguense, la autoridad judicial giró una orden de aprehensión en contra del presunto agresor por los delitos de violencia familiar, violación y abuso sexual.
Sin embargo, puntualizó que desde la anualidad 2016 y hasta 2019 -cuando interpuso la queja- “la autoridad ejecutora del estado de Hidalgo, de manera dolosa, omitía aprehender al imputado”.
Por lo anterior, pidió ayuda a la CDHEH con el fin de conseguir copias certificadas del procedimiento legal radicado en el Juzgado Penal del Sistema Tradicional de la ciudad de Pachuca, pues indicó que por riesgo y por falta de recursos no podía regresar a Hidalgo, ni tampoco pagar un abogado particular.
Ministerio Público negó las copias
La madre de familia también relató que por la distancia tampoco era posible apersonarse dentro del proceso, ya que el Ministerio Público de la PGJEH le negó las copias de su procedimiento con los argumentos de que tenía que acudir por ellas y pagarlas.
De igual manera, narró que a ella y su hija se les negó la asesoría de la defensoría de oficio, al ser víctimas y no imputadas.
Mientras que en el Centro de Justicia para Mujeres pasó algo similar, pues le negaron la asesoría porque eran víctimas del sistema penal tradicional y no del sistema penal acusatorio vigente.
Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo estableció que al principio se negó a empezar la queja porque la madre de familia no podía ratificarla de manera personal.
Fue hasta el 20 de agosto de 2019, después de que la quejosa envió el correo explicando su situación, cuando se inició la queja radicada en el expediente CDHEH-VG-2622-19.
Propuesta de solución
El 13 diciembre de 2019, la CDHEH dictó una propuesta de solución con número PS-VG-0176-19.
En ella, el organismo autónomo le pidió a la Procuraduría que hiciera las acciones para lograr el cumplimiento de la orden de aprehensión, también le pidió organizar cursos en materia de derechos humanos para prevenir la reincidencia.
Dos meses después, el 11 de febrero de 2020, la CDHEH recibió un oficio suscrito por el entonces procurador Raúl Arroyo González, quien aceptó los dos puntos y por lo anterior, el 24 de febrero la Comisión cerró el procedimiento.
El caso llegó a la CNDH
El 26 febrero 2021, la CDHEH recibió un correo de su homóloga nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le informó que había un recurso de impugnación interpuesto por la madre de familia en contra de la propuesta de solución dictada.
La mujer consideró que a ella y su hija se les violentaron sus derechos al negarles el acceso a su carpeta de investigación, además de no proporcionarles defensa legal.
Derivado de ello, el 6 de septiembre de 2021, la Comisión de Hidalgo acordó la reapertura del expediente y emitió su recomendación el 14 de septiembre de 2022 con base en el relato de la madre de familia y los informes de ley rendidos por las servidoras públicas involucradas, así como los datos que indicó la autoridad judicial.
Vulneraciones
De las pruebas antes mencionadas, la CDHEH resolvió que existieron "medios de convicción que dan firme credibilidad y plena certeza de la vulneración a los derechos humanos de la madre de familia y su hija", por parte de dos agentes de investigación de la PGJEH.
Dicho personal omitió ejecutar la orden de aprehensión dictada desde el 31 de agosto de 2016. La CDHEH, expuso que dicha inactividad tiene diversas implicaciones como que los delitos perseguidos prescriban.
“El dejar un delito en la impunidad puede ser un aliciente para que el infractor pueda seguir cometiendo conductas delictivas, al saber que difícilmente será sancionado por ello”.
La Comisión también estableció que debe existir mayor esfuerzo por parte de las agentes que tienen asignado el asunto para la ubicación y detención del inculpado, así como solicitar colaboración de autoridades procuradoras de justicia en el país e incluso el extranjero.
Lo anterior "ante la posibilidad de que ya no se encuentren radicando en esta entidad federativa, ya que hasta el momento los actos de investigación realizados han sido insuficientes", específica la resolución.
sjl