Pachuca.— Respecto a la liberación del exalcalde de Tula, Manuel Hernández, quien se acogió a un procedimiento abreviado y fue liberado tras aceptar su culpabilidad por malversar más de 66 millones de pesos, el gobernador Julio Menchaca Salazar dijo ser respetuoso de la resolución del juez.
El exservidor público acordó reintegrar 25 millones de pesos por este concepto, además de pagar una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Tras pasar 17 meses en prisión, recuperó su libertad el miércoles.
Cuestionado sobre si es justa la cifra de reparación del daño, el mandatario señaló que esa fue una decisión que únicamente le correspondía al juzgador y que él es quien debería tener esa respuesta.
Te podría interesar
“A mí me gustaría que en todos los casos fuera no solamente la cantidad que se les imputa, sino que se generara otro tipo de cobros, pero finalmente yo soy absolutamente respetuoso de las decisiones del Poder Judicial. (¿Es justo?) Esa es una pregunta que deben hacerle al juez”, dijo.
Julio Menchaca señaló que cree en una justicia restaurativa y que se debe privilegiar el bien mayor de la sociedad, por lo que se tienen que buscar los mecanismos adecuados para la reparación del daño.
“Seguramente el juez consideró que esa cantidad tenía como resultado el poder obtener, a través de esta sentencia, un cambio de pena de privación de la libertad y poder restituir al estado una cierta cantidad de dinero. […] Más que la privación de la libertad de una persona, debe buscarse cómo se repara el daño”.
No es una cuestión política
El jefe del Ejecutivo estatal aseguró que su gobierno se enfoca en combatir la impunidad, “trátese de quien se trate”. Descartó que es una cuestión de carácter político, pues incluso hay personal de la actual administración del Poder Ejecutivo que ha sido enjuiciado al detectárseles irregularidades, que podrían caer en delitos.
“No es una cuestión de carácter político, es una cuestión de justicia. Nosotros hacemos nuestro trabajo, está trabajando la Contraloría, si se dan los elementos se pasa a la Procuraduría de Justicia y se siguen los lineamientos de lo que es un proceso penal”.
Resaltó que lo que se busca es la recuperación de recursos relacionados con la Estafa Siniestra, por lo que todavía hay exfuncionarios que siguen un proceso penal y están privados de su libertad, algunos incluso han recurrido a la justicia federal.
“Se han negado los amparos. Eso quiere decir que están fortalecidas las carpetas de investigación y es un camino largo por recorrer, es el compromiso permanente de mi parte, de que en lo que resta de la administración, estar haciendo todo el esfuerzo para la recuperación de los recursos”.
sjl