Pachuca.— Los habitantes de la ranchería Pueblo Nuevo consiguieron un amparo para frenar obras en 1.2 kilómetros del tramo carretero Real del Monte- entronque Huasca que pasa por su comunidad, debido a que reclaman alrededor de 12 millones de pesos de indemnización para 56 familias que tienen títulos de tierras comunales de un decreto de 1924. Una de estas familias es la de Pascual López Ramírez, quien este día ofreció una conferencia de prensa en Pachuca, junto con el representante legal Julio Gálvez.
El litigio de Pueblo Nuevo señala como responsables a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a las secretarías de Obras Públicas y Finanzas durante la administración del exgobernador Omar Fayad, por haber realizado el pago de 12 millones de pesos a favor de un particular que presentó un título de propiedad apócrifo, expedido posterior al decreto de 1924.
Asimismo, Julio Gálvez puso en entredicho que la construcción de la carretera termine en agosto, como anunciara el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita de supervisión, el pasado 3 de mayo. El abogado detalló que no sería posible inaugurar una obra inconclusa.
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Aunado a lo anterior, Pascual López Ramírez destacó que el director de Ecología de Mineral del Monte, José López Arriaga, permitió a la empresa que se encarga de la obra, Compañía Contratista Nacional S.A.P.I. (Coconal), sepultar alrededor de 400 árboles con material de desecho de la obra.
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Pese a este panorama, el abogado mencionó que los vecinos de Pueblo Nuevo no están en contra de la construcción de la carretera, pero exigen a las autoridades del estado indemnizar a los dueños legítimos de las tierras comunales, para que puedan invertir el dinero en el bosque.
“Yo le quisiera pedir al gobierno del estado de Hidalgo que entendiera la situación de la gente, que viera que les dotaron sus predios desde 1924, después todavía fueron invadidos por políticos, por empresarios, con jurisdicciones y títulos de propiedad dudosa… Podría ser una gran oportunidad para el gobierno de actual, del licenciado Julio Menchaca, de solucionar esto histórico porque ya tiene la gente peleándose muchísimo tiempo por el tema de sus tierras. Y que no vea a la gente que ahorita esta peleando el tema de sus tierras como su enemigo”, mencionó Julio Gálvez.
La lucha por la indemnización destapó el despojo de tierras
El 20 de marzo de 2024, el juez tercero de distrito del estado de Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, concedió el amparo indirecto 321/2024-II-A a favor de la Sociedad Real Zumate, en la que se congregan las familias afectadas de Pueblo Nuevo y cuyo presidente es Pascual López Ramírez.
El abogado Julio Gálvez explicó que la Secretaría de Obras Públicas en la administración de Fayad indemnizó con los 12 millones de pesos a una persona de nombre Román Vega Cerón, que presentó un título registrado a favor de Evangelina Pérez Abreu, cuyo origen es a jurisdicción voluntaria, es decir, “que se apropió voluntariamente del terreno”.
Detalló que en la región hay varios títulos a jurisdicción voluntaria de los que se beneficiaron políticos y empresarios. Sin embargo, indicó que la ranchería de Pueblo Nuevo permanece el régimen comunal porque no hubo un reparto de tierras y se encuentra en un régimen intermedio hasta que esto se realice.
Al respecto, Pascual López indicó que el decreto está inscrito en el registro público de la propiedad y tiene un comité administrativo.
“Nosotros decimos ¿qué hacen hay los políticos invadiéndonos nuestra tierra? Ellos son dueños de una jurisdicción voluntaria, la respetamos, y nosotros somos dueños de la tierra, que nos respeten la tierra y nosotros respetamos su escritura, que es la que tienen en su casa, es de ellos, ahí nosotros estamos diciendo oye… que nos respeten nuestra tierra y nosotros les hemos respetado su escritura que tienen guardada en su casa”, dijo el líder comunal.
El amparo definitivo es controvertible
De los 9.4 kilómetros que mide la carretera Real del Monte-entronque Huasca, 1.2 pasan por Pueblo Nuevo, que es donde las obras están detenidas por el amparo indirecto que obtuvo la ranchería; no obstante, Julio Gálvez explicó que las autoridades de gobierno pueden controvertir el amparo para reanudar la construcción, lo cual se traduciría en pisotear los derechos de la comunidad completa.
sjl