Pachuca.— El Congreso estatal exigió al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) que restituya el pago de honorarios a las cinco personas que integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC), tras acusar que de manera ilegal y con violaciones a derechos humanos, avalaron pagarles 1,000 pesos cuando el sueldo era de 28,000 pesos, lo anterior sin que los integrantes tengan la oportunidad de tener un ingreso extra o empleo.
Las diputadas Carmen Lozano y Citlalli Jaramillo, de las bancadas del Partido Verde y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, se pronunciaron sobre la disminución de los honorarios, cuya decisión fue avalada el pasado 31 de marzo, fecha en la que también fue nombrada Gabriela Sánchez como encargada del despacho de la Secretaría Técnica del SEAH.
La legisladora recordó el tema a través de una cronología de hechos que comienza el último día de marzo, cuando Sergio Carlos Jiménez Martínez, quien en ese momento fungía como presidente del CPC, convocó a una sesión extraordinaria en la cual no participaron los demás integrantes: Víctor Juárez Peralta, Lucero Calderón Hernández, Giselle Ivette Cortés Coria y Martha Patricia Morales Salomón.
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Aquella convocatoria incumplió los parámetros de la Ley de Organismos Paraestatales para el Estado de Hidalgo que en su artículo séptimo contempla una antelación de 10 días hábiles para sesiones ordinarias y tres días para las extraordinarias, en el caso de la diligencia donde se avalaron los cambios, se convocó el 30 de marzo; es decir, un día antes.
Durante esa sesión extraordinaria, la Secretaría Ejecutiva del SEAH avaló la disminución de los honorarios con la justificación de que los ciudadanos y ciudadanas del Comité de Participación no trabajaba; sin embargo, no se presentó un documento que acreditará dicha información ni se les permitió a las personas afectadas el derecho de audiencia.
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Tras aquella resolución, el entonces presidente Sergio Carlos Jiménez Martínez renunció al cargo como presidente del CPC y actualmente solo hay cuatro de los cinco integrantes.
De acuerdo con la relatoría, en la misma sesión extraordinaria se nombró a Gabriela Sánchez como encargada de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo a pesar de que el lugar estaba ocupado por Erika Celis Hernández. Por lo que, a través del exhorto, también se exigió la destitución de la persona que recibió el reciente nombramiento.
En su intervención la legisladora Citlali Jaramillo acusó que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo realizó las modificaciones "de manera ilegal y con violaciones a derechos humanos".
Asimismo, acusó que en la sesión donde se avalaron las modificaciones tampoco asistió la diputada presidenta de Comisión de Transparencia del Congreso de Hidalgo, que en este caso es Lisset Marcelino Tovar, quien también forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que se perdió la oportunidad de pronunciarse del tema, dijo.
"La decisión sobre la reducción de honorarios se realizó sin estudio, metodología, fue una decisión unilateral y sin justificación, es cuestionable el actuar de los integrantes del Órgano de Gobierno (...) quiero recodar que los integrantes son: la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, el fiscal Anticorrupción, el contralor, la Auditoria Superior del estado, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, no es un tema menor, son los involucrados en el tema de combate a la corrupción", indicó.
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