Pachuca.— En 2014, Clotilde Manuel N, soldado de la 18 Zona Militar de Hidalgo, huyó luego de matar a Jessica, su expareja, frente a sus hijos. El feminicida fue detenido en marzo de 2019 en el estado de Yucatán y ya recibió una sentencia por el homicidio, pero busca combatirla a través de un juicio de amparo que promovió ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los acuerdos por expediente divulgados en la plataforma del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), muestran que el 15 de mayo de 2023 fue promovida la demanda a nombre de Clotilde Manuel N, quien entre mayo y agosto de 2014, amenazó de muerte en al menos cinco ocasiones a Jessica, quien también recibió agresiones físicas y sexuales.
El amparo ingresó a la mesa seis del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo bajo el número de expediente 769/2023 y admitido un día después. Clotilde Manuel N reclamó una sentencia emitida en su contra el 29 marzo del año en curso por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo (TSJEH).
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En su demanda de amparo, el militar consideró que se estaban violentado los artículos constitucionales 1, 14, 16, 19, 20 y 21, el último de los numerales enunciados establece que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.
El asunto ante el PJF todavía no se resuelve de fondo, toda vez que la audiencia incidental se llevará a cabo el 23 de mayo, mientras que la constitucional fue programada para el 15 de junio.
Un feminicidio que pudo evitarse
Es importante recordar que el feminicidio de Jessica ocurrió el 14 de agosto de 2014, pero un año previo a los hechos la mujer ya había denunciado actos de violencia familiar a manos del soldado, integrante de la 18 Zona Militar, con quien vivió 14 años en unión libre y procreó tres hijos.
El feminicidio de Jessica fue motivo de una recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) porque antes de que fuera privada de la vida, acudió en compañía de sus menores a un albergue estatal para resguardarse de su agresor.
Sin embargo, la expulsaron por solicitar una jarra de agua, papel de baño, así como atención médica para uno de sus pequeños que presentaba fiebre y diarrea. También porque visibilizó presuntas irregularidades respecto a las atenciones médicas y de alimentación.
La Comisión de Derechos Humanos asentó en su la recomendación R-GV-0001-17 que no se preservó la seguridad de Jessica porque la echaron del albergue sin buscar otro lugar en donde protegerla de su agresor. En aquella resolución fueron señalados el entonces procurador Ramiro Lara Salinas; el exsecretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta y la exmagistrada del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez.
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