Pachuca.- Rafael Arriaga Conde, representante legal de la etnia Tzibanzá de origen Otomí, denunció que el gobierno de Querétaro y del municipio Cadereyta despojaron de un terreno a una comunidad indígena que comparte límites territoriales con localidades de Hidalgo, y está ubicada en la ribera de la presa Zimapán, donde la administración del queretano Mauricio Kuri González pretende construir el Acueducto III.
Arriaga Conde informó sobre el presunto despojo en una conferencia de prensa en Pachuca, capital de Hidalgo. Mencionó que por denunciar el despojo ha recibido amenazas por parte de La Letra, un grupo delictivo que opera en Querétaro y que los medios de comunicación de ese estado no dan difusión a la problemática de la comunidad indígena.
Arriaga Conde (abogado hidalguense, quien fue presidente municipal de Mineral del Monte en la década de los noventas), expuso que existe interés del gobernador panista Mauricio Kuri González y su antecesor, el exmandatario Francisco Domínguez Servién, de concesionar el predio para explotación turística a la empresa española Flecha Amarilla.
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El terreno en conflicto abarca una superficie de 4.2 hectáreas, tiene una isla y se ubica en el municipio de Cadereyta, Querétaro. Actualmente es usado como espacio recreativo, donde se practican la pesca deportiva y es frecuentado por turistas italianos, franceses, coreanos y americanos.
Es una microregión indígenas entre Hidalgo y Querétaro
El conflicto se da en la presa Zimapán, la cual está asentada en un 70 por ciento de lado de Hidalgo y un 30 por ciento en el estado de Querétaro. Se ubica en el municipio de Cadereyta; sin embargo, su aprovechamiento impacta a pobladores de Zimapán, Tasquillo y Tecozautla. Ahí, la cooperativa Tzibanzá (que significa ‘Carrizo’ y es integrada por 93 familias), creó una cooperativa a fin de aprovechar los recursos naturales.
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“Se crea por un decreto de expropiación y es donde ejidatarios de Hidalgo y del estado de Querétaro reciben una indemnización por la construcción de la termoeléctrica en esta presa, la más grande del centro del país. Ahí hay 645 pescadores comerciales de la etnia Tzibanzá, de origen Otomí, tiene una isla y una superficie de 7.5 hectáreas iniciales, de las cuales, en la rivera, solo les quedaron 4.2 hectáreas por una afectación”, explicó el abogado de Hidalgo.
La referida cooperativa se organizó para crear un lugar turístico en la zona y así salir adelante. Fue en el gobierno queretano de Francisco Domínguez Servién (2015-2021) que se les hizo una oferta a los indígenas con el pretexto de bajar recursos públicos por 64 millones de pesos para apoyarlos.
A cambio, el gobierno les pidió que “les prestaran” una de las cuatro hectáreas para también generar un aprovechamiento turístico, con la promesa que se las regresarían; sin embargo, fueron defraudados.
“Este espacio es visitado por italianos, franceses, coreanos y americanos. Es un lugar ‘hermosamente bello’, ahí se hacen concursos de pesca donde compañías extranjeras dan hasta un millón de pesos de premio por la mejor lobina pescada. Por eso tenemos varios visitantes”.
Cooperativistas de la etnia firmaron de buena fe
Por lo atractivo del lugar, “se hizo una manzana de Adán”, dijo el abogado, pues empresarios y hasta los dueños de la Coca-Cola comenzaron a construir casas en esa zona rivereña de la presa de Zimapán, por lo que ha crecido su plusvalía, pues está valorada en más de 700 millones de pesos.
De buena fe, los indígenas de Tzibanzá, sin saber leer y escribir, firmaron un documento para acordar “el préstamo al gobierno” de la hectárea para provecho del estado. Sin embargo, tras la firma, fueron sorprendidos por los propios funcionarios de gobierno quienes, jurídicamente, les exigieron una renta de 200 mil pesos mensuales a los indígenas, pues de lo contrario, les prohibirían el aprovechamiento.
“El primer paso que se hizo, es buscar que les regresaran a la gente ese terreno, pues no saben leer ni escribir. La nueva presidenta de Cadereyta firmó un contrato de arrendamiento por 200 mil pesos, argumentando que es el primer paso para que les regresaran su propiedad. Sin embargo, a partir de ello, por medio de correos los han amenazado: o pagan la renta o se van, pues ya tienen un tercer interesado en el complejo turístico”, dijo.
Los indígenas interpusieron una denuncia contra los funcionarios de Querétaro por los delitos de fraude y despojo ante Fiscalía General de la República (FGR) quien hizo un “aseguramiento” del predio, estatus legal que permite a los indígenas continuar con sus actividades “para no dejarlos sin alimentos pues siguen teniendo el uso del fruto y de bien”.
“La cooperativa sacó el orgullo azteca, pues se defendieron. La mayoría son trabajadores, pescadores, empleadas domésticas, que incluso hacen tortillas. El kilo de mojarra está entre 30 y 40 pesos, y ya no sacan mojarra, ahora el negocio es el turismo o de hacer otros complejos, o me pagas 200 mil pesos o te vas, pues lo tengo destinado a un tercero. Todo esto obra en autos”.
Por defender la etnia, recibió amenazas
El abogado hidalguense informó que, por ser el defensor legal de esta etnia, ha recibido amenazas a través de mensajes de texto por su celular, así como cartulinas “de amenazas de muerte” pegadas en su vehículo.
“Una de ellas dice: a ver pinche licenciado de mierda, deja de meter la verga donde no debes, somos ‘la letra’ y nuestros jefes no les van a regresar ni madres. Sabemos de dónde te mueves y también toda tu perra familia, deja de estar de pinche metiche o vas a aparecer flotando en la presa, cabrón. Atentamente, La Letra… este es el cuarto mensaje que recibo”.
Finalmente, dijo que, tras esta injusticia, han recibido apoyo de migrantes de Estados Unidos y de Perú, quienes ofrecen apoyo económico para la etnia indígena. Incluso, buscan ir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervengan.
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