Pachuca.— Atilano Rodríguez Pérez, exsecretario de Educación, no puede ser aprehendido, toda vez que goza de una suspensión provisional, misma que fue otorgada por el juez Primero de Distrito, luego de que el exfuncionario iniciara un juicio de amparo en el que reclama la emisión de una orden de aprehensión y su ejecución.
En materia de amparo, la Suspensión se puede definir como la medida cautelar por la cual, el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías (amparo), da la orden a las autoridades responsables, de mantener paralizada o detenida su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, mientras la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos sea resuelta, impidiendo que el juicio de amparo quede sin materia, evitando que el quejoso sufra cualquier molestia hasta en tanto, no se resuelva en definitiva el juicio de garantías.
Al promover el juicio de amparo, Atilano Rodríguez solicitó la suspensión provisional y le fue otorgada a cambio de una garantía de siete mil pesos, por lo que en caso de existir una orden de aprehensión, la misma queda en pausa, hasta que se resuelva se otorga la suspensión de manera definitiva.
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Cabe recordar que es el segundo intento del exsecretario de Educación de ampararse ante una posible orden de aprehensión y su ejecución, la primera le fue negada.
De acuerdo con lo publicado por el Consejo de la Judicatura, Atilano Rodríguez reclama la orden de aprehensión y su ejecución.
De ahí que el juez de distrito justifica su actuar con base en el "Artículo 166 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: (...) la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido.
Cabe mencionar que se presume la participación del exsecretario de Educación, Atilano Rodríguez, en una especie de estafa a las arcas públicas, por un monto de 144 millones de pesos, precio en el que se adquirió un software informático que presuntamente era para restablecer los servidores, sistemas y centros de datos para la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de un supuesto hackeo.
Dichos dineros fueron entregados a la empresa Aktaion Digital, a través de cuatro transferencias, por montos de 102 millones de pesos, 20 millones de pesos, 1.9 millones de pesos y 18 millones de pesos.
Sobre este caso existe un proceso penal abierto en contra de Pablo N, exdirector de Administración y Finanzas de la SEPH.
Es de destacar que Atilano Rodríguez también cuenta con la emisión de una ficha roja en su contra para ser localizado, por su presunta participación en hechos que la ley señala como delitos.
sjl