PACHUCA.– Los dos expolicías de Tepeapulco, que en estado de ebriedad, agredieron a ciudadanos la madrugada del domingo 8 de enero, ya fueron presentados ante un juez de control y permanecen en prisión preventiva mientras la autoridad judicial resuelve si los vinculará o no a proceso.
La audiencia inicial se desahogó en el Distrito Judicial número II de Apan, donde el Misterio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) les imputó a Hugo N y Elizabeth N, los delitos de incumplimiento de un deber legal, así como uso indebido de uniformes, condecoraciones y aditamentos propios de funciones policiales.
La acusación tiene antecedente en los hechos registrados el pasado fin de semana sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, donde los uniformados perdieron el control de su patrulla por presuntamente conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y después se impactaron contra una camioneta en la que se trasladaba una pareja, a la que agredieron con golpes. Los hechos quedaron registrados en un video que se divulgó en redes sociales.
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Tanto Hugo N y Elizabeth N fueron detenidos y puestos a disposición del MP, quien solicitó la vinculación a proceso por los delitos enunciados; sin embargo, los policías que ya fueron cesados de su cargo decidieron resolver su situación jurídica en una audiencia diversa, que se llevará a cabo el próximo 13 de enero.
Mientras tanto, la autoridad judicial decidió imponer como medida cautelar la prisión preventiva para evitar que los exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tepeapulco, se sustraigan de la acción de la justicia.
El delito de incumplimiento de un deber legal ocurre cuando un servidor público, sin causa justificada, deja de cumplir con las funciones que le fueron conferidas y las sanciones que contempla el artículo 301 bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo van de uno a seis años de cárcel.
Mientras que el uso indebido de uniformes, condecoraciones y aditamentos propios de funciones policiales está previsto en el numeral 321 del mismo ordenamiento local y establece que se comete este ilícito cuando un servidor público usa su uniforme con el propósito de obtener un beneficio indebido o lesionar la dignidad o respeto de la corporación o de la investidura a que correspondan, por lo que la pena va desde los seis hasta los tres años de prisión.
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